Carpeta de justicia

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Para abreviar, suscribo plenamente la opinión de @Miguel Arenas Gómez, (adjunto enlace de su blog para los que quieran consultarlo), pero lo que más me ha llamado la atención del poco o nada novedoso Real Decreto, es su Disposición Adicional séptima. Esa que dice: “…La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público…”, dicho más llanamente: el coste de estos “nuevos derechos”, lo va a pagar su señora madre…. Que es lo mismo que hacer imposible la aplicación de la norma porque ¿Quién va a pagar entonces el coste de los aplicativos que deben desplegarse?, ¿Quién, el coste de los reconocimientos médicos supuestamente gratuitos para el empleador?, etc…

Conclusión: Una tomadura de pelo más de nuestro Ejecutivo a la OIT y a todos los afectados…

De todos modos, parece que lo que no se va a poder incumplir, son las nuevas obligaciones de hacer que nacen para los empleadores que resulta son familias que tienen que cubrir necesidades básicas y perentorias de atención y cuidado a los mayores porque el abanico de nuestros servicios sociales está bajo mínimos y no proporciona ayudas eficaces para uno de los más serios problemas sociales que tenemos ahora mismo.
Si atendemos a la realidad que es algo que el RD ignora por completo, parece evidente que si algún día llega a entrar en vigor, volverá a incrementarse la economía sumergida que cada vez más, impera en el sector desde que el legislador empezó a actualizar la vetusta legislación propia, para acercarnos a Europa. Y conste que no me quejo de ello, todo lo contrario, porque ya iba tocando. La cosa es que se hace todo esto sin proporcionar ningún tipo de contrapartida ni compensación a unos empleadores que es evidente no están ni preparados ni capacitados económicamente para soportar las cada vez más y mayores cargas que comporta esta peculiar relación laboral que por otra parte resulta un artículo de primera necesidad para muchas familias de este país.

Los costes de mantener esta relación laboral en legal forma son ya inasumibles para las familias de clase media (no digo, para las que ni eso)... y eso lleva o a la economía sumergida o a dejar a nuestros mayores literalmente tirados.
 




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