La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la nueva Ley polaca del Tribunal Supremo y solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares hasta que se haya dictado una sentencia en el asunto
La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se vería prematuramente interrumpido.
De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 de abril de 2018, se ofrece a los jueces afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al presidente de la República, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No existen criterios establecidos para la decisión del presidente y no cabe recurso judicial en caso de que la solicitud sea denegada. Además, la única salvaguardia propuesta por las autoridades polacas es una consulta no vinculante del Consejo Nacional del Poder Judicial, organismo que ahora está compuesto en infracción de las normas europeas sobre la independencia judicial.
La Comisión Europea mantiene su posición de que la Ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con el Derecho de la UE, dado que socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces, y Polonia incumple, por lo tanto, sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades polacas el 2 de julio de 2018 relativa a la Ley del Tribunal Supremo y prosiguió con un dictamen motivado el 14 de agosto de 2018. La respuesta de las autoridades polacas a ambos escritos no disipa las reservas jurídicas que abriga la Comisión.
La aplicación del régimen de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia se está acelerando y está creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia y, por lo tanto, del ordenamiento jurídico de la Unión. La independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales es esencial para el funcionamiento de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE y, en particular, para el mecanismo de remisión prejudicial con arreglo al artículo 267 del TFUE.
Por lo tanto, la Comisión ha pasado a la siguiente fase del procedimiento de infracción mediante la adopción de la decisión de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Junto con este recurso, la Comisión también ha decidido solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares por las que se restablezca la situación del Tribunal Supremo de Polonia anterior al 3 de abril de 2018, fecha en que se adoptaron las nuevas normas impugnadas. Por último, la Comisión ha decidido solicitar un procedimiento acelerado en el Tribunal de Justicia a fin de obtener una sentencia firme lo antes posible.
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