La irrupción de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo como líder de 'Se Acabó la Fiesta' ha generado un considerable revuelo tanto en la política española como en el ámbito europeo. La campaña de Pérez se ha centrado en un discurso populista y antisistema, prometiendo erradicar la corrupción y diferenciarse de lo que él denomina «partitocracia». Sin embargo, su intención de conseguir el aforamiento parlamentario para protegerse judicialmente ha suscitado comparaciones con el caso de Ruiz-Mateos hace 35 años, lo que ha abierto un debate sobre los privilegios y las inmunidades parlamentarias.

El aforamiento es una figura jurídica que otorga a ciertos cargos públicos, como los diputados, la posibilidad de ser juzgados por tribunales especiales en lugar de por los tribunales ordinarios. En el caso de Alvise Pérez, su interés en esta protección se debe a las numerosas condenas y controversias legales en las que ha estado involucrado. Entre los casos más notorios están el incidente con el respirador de Manuela Carmena durante la pandemia, la publicación de fotos íntimas de José Luis Ábalos y las denuncias contra Ana Pastor y Salvador Illa. Este uso estratégico del aforamiento plantea cuestiones éticas y legales sobre la equidad y el abuso de poder en la política.

Es ineludible comentar que el Tratado de la Unión Europea y el Reglamento interno del Parlamento Europeo establecen claramente los privilegios y las inmunidades de los eurodiputados. El artículo 14.3 del Tratado de la Unión Europea dispone que los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años. Esto garantiza la representación democrática y la independencia de los eurodiputados en el ejercicio de sus funciones. Además, el artículo 5 del Reglamento interno del Parlamento Europeo especifica que los diputados gozan de privilegios e inmunidades, no como un privilegio personal, sino como una garantía de la independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados.

El Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea refuerza esta protección. El artículo 8 de dicho protocolo establece que los miembros del Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 9 garantiza que los eurodiputados gozarán de inmunidad frente a medidas de detención y actuaciones judiciales mientras el Parlamento esté en sesión, salvo en casos de flagrante delito. Esta inmunidad también se extiende a los desplazamientos hacia y desde las reuniones del Parlamento.

El caso de Alvise Pérez pone a prueba estos marcos legales y normativos, planteando interrogantes sobre la posible instrumentalización de la inmunidad parlamentaria para evadir responsabilidades judiciales. En 1989, Ruiz-Mateos, empresario y político español, utilizó su escaño en el Parlamento Europeo para obtener inmunidad y protegerse de las múltiples acusaciones de fraude y corrupción que enfrentaba. Este precedente histórico resuena en el contexto actual, sugiriendo que Pérez podría estar buscando una protección similar.

Debe reconocerse que la llegada de Alvise Pérez al Parlamento Europeo con tres escaños y casi 800.000 votos representa un fenómeno significativo en la política europea. Su capacidad para movilizar a un gran número de seguidores a través de las redes sociales, especialmente en Telegram, subraya el poder de las plataformas digitales en la política contemporánea y cuestiona la dinámica de la propaganda electoral tradicional. Sin embargo, su retórica incendiaria y sus amenazas directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, generan preocupación sobre el impacto de su discurso en el clima político y social.

La figura de Alvise Pérez también plantea preguntas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en la política. Su historial de condenas y controversias sugiere una trayectoria marcada por la confrontación y la transgresión de límites legales y éticos. En este contexto, el aforamiento se convierte en un recurso polémico, visto por muchos como un intento de evitar las consecuencias legales de sus acciones. La comparación con Ruiz-Mateos no es gratuita, ya que ambos casos ilustran cómo ciertos políticos pueden utilizar su posición para obtener ventajas personales y protegerse de la justicia.

El análisis de la situación de Alvise Pérez debe considerar tanto los aspectos legales como los éticos. Por un lado, el marco normativo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo proporciona una estructura clara para la inmunidad parlamentaria, diseñada para proteger la independencia y la integridad de los diputados. Por otro lado, el uso de esta inmunidad para eludir responsabilidades judiciales plantea un dilema ético y socava la confianza pública en las instituciones democráticas.

Ciertamente desafío que enfrenta el Parlamento Europeo es mantener el equilibrio entre proteger a sus miembros y evitar el abuso de privilegios. La revisión y posible suspensión de la inmunidad, como se contempla en el artículo 6 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, podría ser una herramienta para garantizar que los diputados no utilicen su posición para evadir la Administración de Justicia. Este precepto determina que cualquier solicitud de suspensión de la inmunidad debe examinarse de acuerdo con los principios establecidos, lo que proporciona un mecanismo para abordar casos de abuso.

No es difícil inferir que la entrada de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo y su búsqueda de aforamiento reflejan tensiones fundamentales en el sistema político europeo. La inmunidad parlamentaria, diseñada para proteger la independencia y la integridad de los diputados, puede convertirse en una herramienta para evitar responsabilidades legales, lo que plantea desafíos tanto legales como éticos. La comparación con el caso de Ruiz-Mateos subraya los riesgos de tal instrumentalización y destaca la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir el abuso de privilegios parlamentarios. La situación de Pérez no solo es un test para el Parlamento Europeo, sino también una oportunidad para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la política de la Unión Europea.