En el Principado de Asturias existe un doble impuesto sobre sucesiones, que demuestra la realidad de nuestro “estado social”.

El primero, es el Impuesto sobre Sucesiones. El vigente en Asturias es uno de los más altos de todos los existentes en el tablero autonómico, conteniendo un “error de salto” a partir de los 150.000,00 euros, que ha sido aprovechado además por la voraz inspección principesca para proceder a revisar los valores de los inmuebles de las herencias, provocando el “salto” y “liquidando” con ello la exención de las bases inferiores a dicha cantidad, y asaltando a los contribuyentes con inspecciones descomunales, justo cuando la prescripción iba a producir sus efectos, devengando así más intereses de demora.

El segundo, procedente básicamente del copago establecido en la Ley de Dependencia, es el de “la deuda acumulada por el usuario de una plaza geriátrica pública”. El Principado acaba de enviar a 3.634 herederos de personas que habían pasado sus últimos años en alguna de los centros de la red pública geriátrica, Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), las facturas devengadas por éstas, cuya cuantía media se sitúa en los 25.000,00 euros, pero que en muchos casos alcanzan los 60.000,00 euros, e incluso alguna los 87.000,00 euros, por los períodos que van desde 2007 a 2013, y ha anunciado que procederá a pasar las correspondientes a los años 2014 y 2015 próximamente por unas cuantías que oscilan entre los 3.000,00 y 70.000,00 euros, por lo que los familiares de los residentes se encuentran con la obligación de pagar unas cuantías absolutamente imposibles.

Conocemos casos de familias cercanas que se encuentran en peligro de perder su vivienda ante esa reclamación, y de otras que están pasando un calvario ante la maquinaria recaudatoria autonómica, y ven en peligro su supervivencia económica, sufriendo un desgasto físico y psíquico extraordinario.

La tardanza en el envío de las facturas ha impedido que los herederos hubieran aceptado la herencia “a beneficio de inventario”, o incluso que hubieran renunciado a la misma, cosas que están haciendo aquéllos que aún están en plazo para hacerlo.

El comportamiento de la Administración asturiana no puede calificarse de transparente, ya que ella misma ha incumplido los preceptos de su Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, que desarrolló la Ley de Dependencia. Los residentes entran en los centros pagando una cantidad mensual según sus posibilidades económicas, sus pensiones o su patrimonio, que en muchos casos no alcanza el importe real de su plaza, por lo que acumulan una deuda. Sin embargo, en ningún momento se les ha advertido de dicho importe real ni a ellos ni a sus familiares, tampoco se les ha pasado liquidación mensual o anual alguna, ni información que les haga saber la deuda que están originando. Sólo después del fallecimiento y, como sucede ahora, después de muchos años desde el mismo, aparece el recaudador autonómico con las recetas, las advertencias legales, los apremios, los recargos, los intereses…

Se trata además de familias con escasos o nulos recursos y cuyas herencias fueron la vivienda, la casa o la finca de sus padres que ahora pueden perder.

La falta de información previa por parte de la Administración y su comportamiento actual,  junto al “fraude” que para casi todos ha supuesto la Ley de Dependencia, recortada por todas las administraciones hasta los huesos, en medio de una crisis económica sin precedentes, vuelve a golpear a los más necesitados, en una región de un país parte de una Europa que va por el mundo publicitando su protección social. Creemos que este cuento ha muerto. Y no lo ha matado precisamente David Cameron ayer en Bruselas