Nadie puede discutir que cuando se cumple un año de los sucesos acaecidos con el sello del terrorismo yihadista, en la revista gala de humor Charlie Hebdo, sigue abierto más que nunca el debate entre la seguridad del Estado y derechos fundamentales. Pocos estudios rigurosos sobre este tema se han realizado: vale por ello rescatar el trabajo de investigación que vio la luz en septiembre del 2014 por la jurista Ofelia Tejerina, “Seguridad del Estado y Privacidad”, editado por Reus y que toma como base los atentados de las Torres Gemelas del 2001, como elemento de su investigación.
“Creo que ese debate entre seguridad y privacidad se empieza a tener en cuenta desde estos sucesos”; comenta la autora de este trabajo, quien advierte de la necesidad de un efectivo control judicial desde el inicio de estas medidas excepcionales que se están tomando en diferentes países para evitar que los propios derechos fundamentales de los ciudadanos sean cercenados sin ningún miramiento.
“Quizás lo más evidente en cuanto a ese debate tiene que ver con la tecnología. Sabemos que existen aplicaciones que pueden utilizarse sin dejar rastro. Se trata, por tanto, que esto se regule por Ley, como se ha hecho en España como la LECrim y con la autorización judicial de por medio”.
La protección de los ciudadanos conlleva diferentes medidas de seguridad, algunas de ellas muy cuestionable
Los últimos acontecimientos terroristas que han tenido lugar en diferentes lugares del mundo han servido para que los expertos alcen la voz sobre cómo debe convivir el Derecho con las medidas de excepción que en muchos países se toman ante este fenómeno nuevo y desconocido que es el terrorismo yihadista “ Nos hemos acostumbrado a ver en los informativos noticias sobre alertas antiterroristas, pero dichas alertas en muchas ocasiones pueden ser una carta blanca para que el Estado haga lo que quiera y vulnere la intimidad de terceros. Es una especie de propaganda donde nos “venden” que a cambio de mayor seguridad tienen que intervenir más en nuestra actividad como ciudadanos”; comenta. A juicio de esta letrada, discursos como el que el presidente francés Hollande lanzó ante la televisión de su país “son realmente arengas habituales tras ataques terroristas, también lo vimos en Inglaterra en el 2005 y en España con el 11M. Al final, además de un mayor endurecimiento normativo de este tipo de delitos, los países, como ha sido el caso de España, apuesta por un pacto antiterrorista del que se conoce realmente muy poca información, donde las medidas invasivas a la privacidad de los ciudadanos son evidentes”.
Volver a leer “Seguridad del Estado y privacidad” es encontrarse con el llamado teatro de la seguridad del filósofo Bruce Scheiner donde se habla de esta situación: “la protección de los ciudadanos conlleva diferentes medidas de seguridad, algunas de ellas muy cuestionable“ Quizás las más fáciles de entender son las que nos encontramos en los aeropuertos, que cada vez se han ido sofisticando, junto a ellas, llegar a la alerta cuatro o cinco en un país supone mayor presencia policial en las calles, sin embargo lo virtual no lo estamos viendo ni sabemos que actividades se han puesto en marcha”, apunta Tejerina. Hablar de estas medidas supone sacar a colación el PNR, herramienta norteamericana que se utiliza para un mayor conocimiento de los pasajeros a través de muchos datos personales: “Este es otro tema que se ha debatido mucho en los últimos quince años, sin llegar a acuerdos entre Europa y EEUU, donde queda claro que la aplicación de esta medida vulnera en grado importante la intimidad de los pasajeros”, aclara. También señala que hace algunos meses la propia directiva de conservación de datos fue anulada por el TJUE por considerarse abusiva en cuanto a retener datos que se pedían a operadores de telefonía y otras empresas. “Creo que está bien anulada, no se puede dejar libertad tan amplia a los Estados para vulnerar de esta forma los derechos fundamentales de los ciudadanos”, subraya.
Marco común europeo
Para Ofelia Tejerina, es fundamental que Europa “cree un marco común normativo que nos ayude a saber cuál es el terreno que pisamos en el que cada Estado mantenga también su soberanía, cuestión que no es sencilla. Es posible que con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, a punto de aprobarse, se tenga un apoyo normativo válido para este sentido, se va a definir con mayor claridad qué se permite o no en materia de privacidad sin necesidad de acudir a un tribunal para que sepamos lo que se puede hacer”, comenta. Para esta experta en privacidad, lo ideal sería que nuestro país y su normativa no tuviera que enfrentarse a una reforma importante a nivel legislativo por adaptarse al citado Reglamento europeo. “Tenemos la esperanza que, con esta normativa europea, conceptos que están poco definidos en nuestra Ley de Protección de Datos queden clarificados. El propio PNR a nivel europeo quedaría bajo esta legislación nueva supeditado”; indica.
Reforma procesal penal que regula intervención comunicaciones
Fue precisamente hace un mes cuando la LECrim, reforma procesal penal parcial realizada por el Ministro Catalá, introducía en su articulado una parte a la intervención de las comunicaciones de todo tipo, siempre bajo control judicial, una reivindicación que profesionales como Ofelia Tejerina, acostumbrada a defender a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como responsable jurídica de la Asociación de Internautas desde hace años, reclamaban como necesario :” La nueva reforma ha introducido muchas mejoras, en especial en la interceptación legal de las comunicaciones donde aparece la figura del juez desde el principio. Sin embargo, hay otras cuestiones complicadas de entender, lo dicen los profesionales que se encuentran en primera línea con las investigaciones”, señala. Y es que la relación entre las fuerzas de Seguridad y los propios jueces no es todo lo fluida en este tipo de situaciones “no basta con acortar los plazos a las partes para que los asuntos sean más agiles, está demostrado que el ritmo interno de cada juzgado es el mismo pese a que se haya intentado con la LECrim de reducir la duración de las causas. “, apunta nuestra interlocutora.
Pacto Yihadista, se conoce poco lo que se hace: faltan medidas preventivas
Respecto al Pacto contra el Yihadismo, poca información circula sobre su utilidad. Hace algo casi un año PP y PSOE llegaron a un acuerdo para ponerlo en marcha, con una normativa específica que se incluyó en el Código Penal para luchar contra esta lacra y recientemente se ha aprobado ampliar el Pacto a otras formaciones como Ciudadanos, UPyD, UPN, Unió, PAR, Foro Asturias y Coalición Canaria “ Poco sabemos de lo que se está haciendo, pero sí parece una aberración convertir a un sospechoso en culpable por consultar determinadas páginas webs, así como el convertir los indicios en pruebas claras. Este tipo de prácticas si se ponen en marcha pueden ser muy peligrosas”, advierte. Sobre cómo combatir a este enemigo, tan poderoso como diferente a otros, nuestra entrevistada señala que “habría que poner más énfasis en la interceptación del mensaje yihadista por Internet. No es sencillo de combatir aunque los Gobiernos tienen facultades para parar ese mensaje y su posterior difusión”, señala. A juicio de esta experta, el error está en que las autoridades dejan que el mensaje se distribuya para luego desarrollar acciones represivas y detenciones a posteriori. “Creo que es una conducta equivocada, centrarse solamente en la represión y habría que compaginar las dos cosas”, reclama, quien también echa en falta medidas educativas de cara los más jóvenes que son captados por este movimiento terrorista sin mucha oposición por ellos.
Ciudadanos de cristal, en manos de los Estados
En “Seguridad del Estado y Privacidad” se habla del concepto de ciudadanos de cristal, referido a que los Estados conocen todo sobre nosotros. Para Ofelia Tejerina en situaciones de emergencia este término vuelve a su máxima actualidad: “Los mensajes que llegan ahora son confusos. El problema no es una determinada religión, sino la falta de autocontrol de determinadas personas que dicen procesar dicha religión. Ahora si profesas determinada religión estás bajo sospecha de las autoridades”, denuncia. En este semestre europeo que arranca con la presidencia holandesa nuestra interlocutora recuerda que los países mediterráneos están más acostumbrados a la inmigración que los del norte, caso de Francia y otros países vecinos con ciertos mensajes radicales cercanos a la extrema derecha “ Es lógico que se establezcan ahora controles en las fronteras de muchos países europeos, lo que preocupa son los mensajes racistas que están surgiendo por toda esta problemática del movimiento yihadista”, comenta.
Hollande en Francia anunció la puesta en marcha del estado de excepción, una medida que en España jamás se ha tomado, pese a los atentados terroristas que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia. “Si un Estado llega a la alerta cinco es que se sabe fehacientemente que puede haber un atentado terrorista de inmediato. En España, los estados de alarma, excepción y sitio están regulados por una Ley Orgánica; la huelga de los controladores aéreos de diciembre del 2010 fue la última vez que se aplicó. El primero es el más light, los otros ya señalan que algo va a suceder anulándose los derechos fundamentales a las comunicaciones e intimidad quedan anulados mientras dure dicha circunstancia. No olvidemos que en estado de excepción o de sitio es la jurisdicción militar quien toma las riendas de la situación”, avisa nuestra experta. Respecto a los próximos acontecimientos que va a generar este año, Ofelia Tejerina dice que “es impredecible, no sabemos qué información le llegará al Gobierno que le haga tomar unas u otras medidas. Al mismo tiempo, no sabemos de esa información que recibe, cuál tendremos opción de conocer los propios ciudadanos”, subraya.
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