Desde el inicio de la pandemia y la crisis económica derivada, muchas empresas han recurrido a los préstamos ICO como una solución para mitigar los efectos financieros. Sin embargo, la renegociación de estas operaciones ha planteado desafíos significativos, especialmente debido a la inacción inicial de los organismos públicos para adaptarse a las necesidades de las empresas afectadas.

En otro artículo publicado a finales de 2023 Preguntas frecuentes | Los préstamos ICO y los planes de reestructuración se analizaban las dificultades de las empresas al renegociar las operaciones contratadas bajo las líneas de financiación ICO. Muchas de estas dificultades surgían de la falta de respuesta de los organismos públicos a los problemas planteados, lo que complicaba el proceso de reestructuración.

En los dos años con el nuevo marco concursal, la Agencia Tributaria, que es quien vela por salvaguardar el dinero público en forma de garantía prestada con los avales del ICO (en realidad del Ministerio de Economía, ya que el ICO en este caso es un mero gestor) y vota en su nombre, ha dado varios pasos para ser más flexible. Primero, aceptó el arrastre cuando los bancos votan en otra dirección, sin que estos vean comprometidos su aval, lo que permitió que empezara a haber reestructuraciones.

En segundo lugar, parece que, a partir del verano, la Agencia tributaria ha abierto algo más la mano a facilitar reestructuraciones financieras de compañías fuera del “marco estándar” de actuación. Así, se han aprobado reestructuraciones en las que se han acordado nuevos calendarios de devoluciones de las operaciones “ICO” aún por encima del marco temporal que regula las condiciones de esas operaciones

El marco legal establecido en 2020 y en sus modificaciones posteriores señaló que la banca podía ampliar hasta 3 años las carencias de forma bilateral, para reestructurar las amortizaciones de los préstamos, sin exceder de un máximo de 8 o 10 años (en función de la empresa) el vencimiento final de las operaciones. Pues bien, parece ser que la Agencia Tributaria está autorizando calendarios que se salen de este marco temporal, alargando más los plazos.

Por otro lado, también parece que, aunque aún de forma tímida, se han producido votos a favor de la AEAT en algún plan aceptado por las entidades financieras que contemplaba quitas sobre el principal de operaciones “ICO”.

Parecen buenas noticias, ya que una postura más flexible del Estado en la gestión de estas operaciones puede permitir la supervivencia de empresas viables económicamente, pero con dificultades financieras.