Madrid, 9 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a casi un centenar de personas por integrar una supuesta red criminal dedicada a la "sextorsión", o extorsión a usuarios de páginas de contacto sexuales, a quienes habrían amenazado, incluso de muerte, si no les pagaban elevadas cantidades de dinero.

El magistrado ha dictado un auto, contra el que cabe recurso, en el que propone enviarles al banquillo por delitos de organización criminal y extorsión en el marco de una causa derivada de la operación Lubido, iniciada en un juzgado de Teruel en 2018 y que acabó en la Audiencia Nacional.

La investigación identificó víctimas en numerosas provincias como Teruel, Huesca, Zaragoza, Álava, Navarra, Castellón, Valencia, Salamanca, Murcia, Toledo, Jaén, Huelva, Albacete, Cantabria, Alicante, A Coruña, León o Segovia, y entre los detenidos, en marzo de 2019, se encontraba el entonces jugador del Levante Toño García Aranda.

En su resolución, de 248 páginas, el juez describe cómo los supuestos líderes del grupo, Masinissa F.M e Ismael B.O. publicaron una serie de anuncios en una página web de contactos sexuales -www.pasión.com- con un número de teléfono.

Cuando los usuarios contactaban con la trama, sus supuestos integrantes se disponían a obtener -fundamentalmente a través las redes sociales de las víctimas- información personal e íntima suya y les hacían creer que habían concertado una cita, cuando sólo se habían interesado por las tarifas.

Era entonces cuando, según el juez, comenzaba la extorsión: una vez conseguidos los datos personales, la red les exigía dinero por no haberse presentado a una cita que, en realidad, no se había concertado, y utilizaban la información que habían conseguido para amenazarles.

En un principio las víctimas no accedían al chantaje o pagaban una cantidad simbólica, si bien la organización continuaba presuntamente con la extorsión, llegando a realizar amenazas de muerte, lo que desembocaba, en una gran parte de las ocasiones, en que las víctimas accedieran a pagar, en algunos casos incluso miles de euros.

Aún así, según el relato de hechos, la red seguía con la extorsión para intentar conseguir nuevos pagos bajo el pretexto de supuestas deudas por otros conceptos, e incluso amenazaba a las víctimas con enviar a personas de países de Europa del este para darles una paliza o matarlos si no pagaban.

"En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna"; "baja el tonito de voz sino quieres que te parta las piernas"; y "venga, hijo de la gran puta, ahora vas a ver, te voy a pegar dos tiros cuando te vea. Te voy a vaciar un cargador en la cabeza" son algunas de las amenazas que recoge el juez en su auto.

Calama cree que la organización estaba estructurada en tres niveles: el primero, con funciones de organización y dirección; el segundo, de logística y apoyo; y en el tercero estarían las "mulas", personas que aportaban sus números de cuentas bancarias, que después eran facilitadas a las víctimas para el ingreso de las cantidades exigidas.

En una pieza separada de este procedimiento, denominada "banking", el juez ha investigado otro presunto entramado criminal cuya única finalidad era la sustracción de información de bancos y empresas radicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, así como de pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles. Datos que se utilizaban para falsificar cheques bancarios que, posteriormente, facilitaban a otros miembros de la organización para ser cobrados por "mulas" económicas.

El juez ha propuesto juzgar a cerca de cuarenta personas en el marco de esta pieza por delitos continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con otro continuado de estafa y otro de organización criminal.