Madrid, 19 mar (EFE).- La mayoría del Congreso ha coincidido este martes en la necesidad de mejorar las pensiones de abogados y procuradores mutualistas, pero no ha habido acuerdo en las fórmulas para que puedan traspasar las aportaciones realizadas a las mutualidades al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) y percibir una jubilación digna.

El PP ha defendido una proposición no de ley para crear una comisión con representantes del ministerio responsable de la Seguridad Social, las mutualidades de la abogacía y la procura y los colegios profesionales para estudiar las diferentes situaciones y las posibles fórmulas, pero el PSOE ha defendido la propuesta en la que ya trabaja el Gobierno.

La iniciativa del PP se votará el jueves, pero es difícil que salga adelante ya que los aliados del Ejecutivo han presentado diversas enmiendas y piden que no se pierda el tiempo en comisiones de estudio y se aprueben ya las pasarelas necesarias entre las mutualidades y la Seguridad Social.

Según las cifras aportadas por el PP hay más de 209.000 mutualistas en la abogacía y 11.300 procuradores, con muy diversas situaciones. Al llegar la edad de jubilación, en muchas ocasiones su prestación se sitúa por debajo de las pensiones no contributivas.

La portavoz del PP, María Jesús Moro, ha recordado que hasta 1995 la protección social de la abogacía y la procura se prestaba exclusivamente a través de sus mutualidades, entidades sin ánimo de lucro creadas por los colegios profesionales a mitad del siglo XX.

Era un sistema de adscripción obligatoria en el momento de la colegiación de abogados y procuradores, que no podían acogerse a la seguridad social.

En 1995 se introduce legalmente la posibilidad de optar entre la mutualidad o el RETA, pero no se permitió que las aportaciones ya realizadas se trasladaran a la Seguridad Social.

Ya en 2005, al regularse los seguros privados, las mutualidades pasan de un sistema de caja común a un sistema de cuenta individualizada por el que el mutualista, en el momento de su jubilación, recibirá una prestación correspondiente al importe ahorrado a través de sus aportaciones individuales, más la rentabilidad acumulada neta. Pero tampoco se autorizó el traspaso de las aportaciones al RETA.

Moro se ha mostrado en desacuerdo con la fórmula que plantea la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, pero la portavoz socialista, Ana Cobo, ha defendido precisamente esa propuesta.

A partir de 2027 los nuevos colegiados deberán darse de alta en el RETA y se eliminará la opción de cobertura alternativa con una mutualidad; se incrementarán progresivamente las cuotas de los mutualistas para equipararlas con las aportaciones al RETA y se adoptarán medidas para proteger a los mutualistas anteriores a 1996 en situación de vulnerabilidad.

Varios de los grupos aliados del Gobierno han cuestionado que no se aborde la situación de los mutualistas que no se consideren vulnerables y han recordado que no se puso problemas para la integración en la Seguridad Social en el caso de otras mutualidades, como las de los notarios o los religiosos.