Con esta ley, las cerca de 400.000 afiliadas en este sector, en su mayoría mujeres y el 44 % de ellas extranjeras, no podrán ser despedidas sin justificar la causa, por desistimiento como sucede ahora, lo que les permitirá cobrar una mayor indemnización en caso de que el empleador decida no contar con sus servicios.
Este cambio legislativo llega tras una sentencia histórica del TJUE que culminó la larga lucha de una trabajadora gallega por obtener su derecho a paro. El abogado Javier de Cominges consiguió que se le reconociera a una empleada doméstica cercana a la cincuentena, y preocupada por su futuro profesional, el derecho a la prestación de desempleo, algo que en nuestro país se denegaba.
“Era muy complicado tener este final partiendo de la denuncia de una trabajadora individual sin apenas recursos. Conseguir que se modifique una ley con una denuncia es increíble. Una victoria para la lucha de un colectivo vulnerable tras años de discriminación”, comenta el letrado tras la decisión del Consejo de Ministros.
De Cominges solicitó al Juzgado nº 2 de Vigo que remitiera la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea motivando que “estábamos ante un supuesto de discriminación por razón de sexo”. A principios de este año, el abogado general del TJUE respaldó esta demanda y calificó de ilegal y discriminatoria la ley española. El Congreso de los Diputados ratificó, por otro lado, el pasado mes de junio el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo.
El Gobierno ha anunciado los detalles de esta nueva prestación social en una rueda de prensa. Entre ellas, se establece la obligación de cotizar por desempleo y recoge la protección del FOGASA, por la que el Estado responde por indemnizaciones y salarios impagados a trabajadores.
Las trabajadoras del hogar también tendrán derecho a todos los subsidios y prestaciones como todos los trabajadores por cuenta ajena.
Esta norma también recoge ayudas públicas a la cotización a la Seguridad Social de los hogares que emplean a estas trabajadoras domésticas. Las personas que contraten a una trabajadora del hogar tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese Sistema Especial.
Por último, se creará en el plazo de seis meses una comisión de estudio para elaborar una propuesta de reforma del decreto que regula el cuadro de enfermedades profesionales a efectos de integrar en el mismo la perspectiva de género.
“Avanzamos en la dignidad de estas trabajadoras”, ha apuntado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien destaca que “este texto hace que pongamos en el centro de atención el bienestar de las que han sido hasta el día de hoy las grandes olvidadas”.
Este texto supone, por tanto, la plena inclusión de estas trabajadoras en la prevención de riesgos laborales. “Es un día de esperanza, de reconocimiento al colectivo”, comenta De Cominges.
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