Acto multitudinario en la Facultad de Derecho de la universidad de Sevilla el que tuvo lugar este miércoles. Gracias a su Delegación de Estudiantes se celebró una jornada sobre la “Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, con una gran expectación entre los más de 500 universitarios, cámaras y medios de comunicación.

Los conferenciantes fueron la Magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya que durante tanto tiempo llevó el caso de los ERES de Andalucía, y el abogado, Presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid, Juan Gonzalo Ospina, que no dudaron en mostrar las luces y sobretodo sombras de esta reforma. En su alegado final la magistrada llegó a pedir que dejen trabajar a los jueces y que la corrupción política se ha consentido por mucha gente en este país

“La elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en macroprocesos”

El acto fue presentado por Álvaro Rivas, Pamela Avilés, y Sergio Letrán, quienes recibieron junto con el público con un clamoroso y fuerte aplauso a los dos ponentes. Ospina reivindicó que la reforma está lejos de los estándares de calidad que merece un proceso penal moderno: porque se limita el acceso a la proposición de la prueba a las partes, porque no hay un control serio de criminalidad en la incoación de las diligencias previas conllevando esto a que en España, prácticamente cualquier ciudadano que denuncia consigue la incoación de un procedimiento penal.

Por su parte, la Magistrada Mercedes Alaya, ilustró que los nuevos plazos de instrucción eran inocuos, ya que la propia redacción de la ley prevé, que para casos concretos se investigue sin límites, por lo tanto, ¿De qué sirve la Ley? También destacó la imprecisión de ciertos aspectos de la ley, por ejemplo, en lo que se refiere al agente encubierto, o a la instrucción de los llamados “macroprocesos” destacando que la propia exposición de motivos de esta ley supone una falta de respeto a la justicia con palabras tales como, “la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en macroprocesos”, como si a los Juzgados les gustare incoar tales procesos de manera natural.

Desde su punto de vista los llamados macroprocesos seguirán existiendo y con esos escasos medios que tienen los jueces es complicado agilizarlas en un tiempo razonable. Su crítica más dura contra la Lecrim se refirió a la imposición de plazos para acotar las instrucciones de seis a un máximo de 18 meses, lo que consideró “un intento de inmiscuirse en la independencia judicial”. “A los jueces nos ponen la espada de Damocles encima con los plazos. Nos quitan el sosiego y la tranquilidad de espíritu”, declaró Alaya, que además subrayó con dureza que estos plazos se suspendan y no corra el tiempo cuando hay secreto de sumario

Esta ley no agiliza la justicia

En otro momento de su intervención, Ospina dejó claro, que los derechos fundamentales, como la libertad, el honor o la inviolabilidad del domicilio con esta reforma quedan más desprotegidos. Compartió con el público distintos casos de su desarrollo profesional ilustrando como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge un plazo máximo de detención de 72 horas, y así lo recoge también el artículo 17 de la Constitución, pero que sin embargo, este derecho fundamental como es la libertad, se salta en la práctica en procedimientos como los seguidos en la Audiencia Nacional, en dónde se ha construido una nueva “teoría jurídica” de que en España estamos ante dos plazos de detención, uno policial y otro judicial, y que por lo tanto se puede permanecer hasta 144 horas sin haber declarado ante un Juzgado por los hechos de la detención.

En el turno de preguntas, Ospina dejó ver que esta ley no agiliza la justicia, ya que limitando los plazos procesales “per se” no va hacer que se persiga mejor al delincuente, y que tampoco cambiar de denominación al “imputado” por “investigado” no supone garantía alguna para el ciudadano toda vez que no se ha revisado el fondo del problema, que es la propia citación judicial y las garantías del denunciado frente a ésta. Por su parte. Alaya, mostró un profundo agradecimiento a la universidad, y a los estudiantes por abrir el debate de cuestiones que nos afectan a todos, y les invitó a ser activos frente a aquello que es injusto y a no resignarse a aceptar lo impuesto como bueno si esto no lo es.