Madrid, 30 may (EFE).- La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga "posibles ilegalidades" en contratos de la Federación Española de Fútbol, como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, ha acordado imputar al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, quien habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros por ese acuerdo.

La magistrada Delia Rodrigo ha dictado un auto este jueves en el que acuerda ampliar la investigación frente a una quincena de personas, entre ellas el exjugador del Barça, pero también el presidente de la RFEF Pedro Rocha -a quien ya se lo anunció en una comparecencia-; el amigo personal de Luis Rubiales, el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, o su mujer.

Entre los investigados que la jueza concreta en su nuevo auto figura la empresa Gruconsa, que realizó las obras del estadio sevillano de La Cartuja, varios de sus directivos; el ex asesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto -quien ya compareció ante la magistrada tras ser detenido-; el exdirector de servicios jurídicos Pedro Manuel González Segura o su hermano Ángel Ignacio, que prestó servicios en la citada empresa.

"Posibles ilegalidades" en contratos de la RFEF: La Supercopa

En esta causa, que también se dirige contra Luis Rubiales, la magistrada investiga si se cometieron delitos de corrupción en los negocios o administración desleal en torno a diversos contratos de la Federación cuando éste estaba al frente, sin descartar un posible blanqueo de capitales.

Uno de esos contratos es el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí en virtud de varios acuerdos firmados en 2019 -y prorrogados un año después- entre la RFEF y la empresa saudí Sela, en los que se fijaba una "prima de éxito" a favor de una "tercera parte agente" -Piqué, en representación de la empresa Kosmos- que no se identificaba y que "se revela" en otro documento.

La jueza destaca una cláusula del contrato por la que la RFEF "trataba de garantizar" el pago de 4 millones de euros anuales de comisión en favor de Kosmos, "aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela", y subraya que en el momento de la firma Piqué era aún jugador del Barça, equipo que participaba en la Supercopa.

A Pedro Rocha, en su condición de vicepresidente económico, le correspondería entonces o bien la intervención directa en dicha contratación con Arabia Saudí, o bien de la comisión económica que presidía para analizar las prórrogas, si bien -dice la jueza- "al parecer" se abstuvo tanto de convocar a este órgano en la contratación como de reclamar el expediente.

Entramado societario de altos cargos de la RFEF cercanos a Rubiales

La magistrada desgrana en su auto las principales líneas de investigación de la causa, como el entramado societario en el que participó "personal directivo de la RFEF", empleados y empresarios allegados a Rubiales, y detecta una "posible triangulación de fondos" entre la Federación, la empresa Dismantec y Gruconsa, respecto a la que ha observado algunos ingresos "llamativos y de interés".

Según la tesis que expone el auto, durante la presidencia de Rubiales, la RFEF habría contratado a la citada constructora "presuntamente a cambio" de que ésta realizara pagos a Dismatec, administrada por el amigo del expresidente, Nene. Entre 2020 y 2022, la RFEF ha declarado pagos a Gruconsa por 2,6 millones de euros, casi todo ello en 2021.

También está en el foco la actividad empresarial de Martín Alcaide en España y en la República Dominicana, mediante la que "trataría de ocultar el destino de los fondos" que Dismatec habría recibido de Gruconsa, integrando en su entramado societario a Rubiales, según la jueza.

El auto también analiza el papel de González Cueto como comisionado de control externo de la RFEF, cuyo despacho también recibió transferencias de Dismatec -que a su vez habrían llegado de Gruconsa-,  y observa "discrecionalidad" en el uso de fondos federativos "para el pago a terceros".

Y sospecha que desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaba González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se habrían elaborado ofertas ficticias de empresas para que las obras se adjudicasen a Gruconsa, donde Ángel Ignacio pudiera incluir partidas injustificadas en las facturas con el objetivo de que ese dinero fuese a parar a Nene.