• La Sección Segunda considera que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero "sí se ha diluido"

La Audiencia Provincial de Valladolid ha fijado una fianza de 800.000 euros al dueño de la funeraria El Salvador, en situación de prisión provisional desde el pasado mes de febrero cuando fue arrestado en el marco de una investigación por delitos de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

La Sección Segunda considera que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero "sí se ha diluido", y puede neutralizarse "con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad" como es la imposición de una fianza.

A este respecto, el Tribunal ha tenido en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.

La Sala ha valorado, igualmente, la circunstancia de que no exista la posibilidad de que "altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación" porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada. Tampoco existe, según consta en la resolución notificada hoy a las partes, "un peligro fundado y concreto" de que el dueño de la empresa funeraria pueda "influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo" ni de que "pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas" o cometer "otros hechos delictivos".

El juzgado de Instrucción 6 investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían. Tales prácticas habrían estado realizándose durante 20 años, pero no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo. De manera provisional, se estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.

Los magistrados de la Audiencia consideran que de la documentación intervenida, de los informes policiales y de la declaración de algunos testigos se desprende que existen "indicios mínimos bastantes" de la participación del empresario en los hechos investigados, motivo por el que consideran ajustada la cantidad de 800.000 euros como fianza y no los 150.000 que solicitaba el investigado para poder abandonar la cárcel.

Además del pago de la fianza para salir de prisión, el juzgado que instruye la causa podrá imponerle otras medidas cautelares como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado u otras que considere procedentes.