Miquel Roca Junyent, en su conferencia plenaria en el XIII Congreso de la Abogacía, exhortó a los abogados y abogadas a participar en la solución de la crisis de la justicia, favoreciendo un acuerdo que permita alcanzar un pacto de Estado.
“A los abogados la crisis de la justicia nos afecta y nos pertenece, somos sujetos pasivos y activos de una situación en la que somos llamados a tomar posición, contribuir a su solución y buscar de qué manera puede resolverse”, dijo ante los 1.500 asistentes a esta gran cita de la abogacía, que se celebra cada cuatro años.
“No hay Estado de Derecho sin abogados. Y no hay Estado de Derecho sin un acuerdo. Un pacto de Estado requiere de un acuerdo y a los abogados nos corresponde estar, y decir nuestra opinión”, afirmó Roca, tras advertir que “el acuerdo nunca es fácil, el pacto es expresión de coraje”. “Es nuestra obligación trasladar que estamos dispuestos a estar en ese pacto de Estado, a decir, a opinar, a aportar, porque el acuerdo es nuestro escenario”, añadió.
En la inauguración del miércoles la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, hizo un llamamiento a partidos y poderes públicos para que alcancen un pacto de Estado para reformar un servicio público de justicia “al borde del colapso”.
Roca, que reivindicó el papel de la abogacía en la construcción de la democracia –“somos los
garantes de los derechos de los ciudadanos”- también habló de qué supone la digitalización y la inteligencia artificial para la profesión: “No nos van a sustituir, vamos a complementar nuestra actividad profesional con estos mecanismos. Esto reto no nos da miedo”.
Durante tres días, en el centro de convenciones de Port Aventura (Tarragona) más de un millar de colegiados y colegiadas están debatiendo sobre los desafíos que afronta la profesión. En esta cita se aprobarán las orientaciones para los próximos cuatro años.
El jueves comenzaron las sesiones deliberativas, que en este segundo día del Congreso estuvieron dedicadas a la formación y a la deontología. Maria Emilia Casas, catedrática del Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, al frente de la ponencia sobre especialidades y formación legal continua, señaló que la formación es una “exigencia imprescindible”. “El cambio social acelerado tiene un efecto en el ordenamiento jurídico y por eso un especialista que no conozca la jurisprudencia de todos los órdenes no estará en condiciones de defender correctamente a sus clientes. Ese cambio es imparable y obliga a una transformación continua del conocimiento”
Y por eso Casas señaló que es esencial que la Abogacía institucional desarrolle un programa de formación continua “que garantice que todos los profesionales de la abogacía tienen las mismas oportunidades independientemente de su lugar de residencia o de colegiación profesional”.
Y añadió que la necesidad de “regular y homogeneizar el uso especialidades es un reto pendiente para la profesión”, apuntó. “Hasta ahora, la regulación establecida en el código no ha encontrado un desarrollo normativo que establezca qué requisitos deben cumplirse para ostentar el título de especialista en las distintas disciplinas o materias jurídicas y quién debe dotar o autorizar a los profesionales de la abogacía para el uso de las diferentes titulaciones especializadas”.
De manera paralela en otra sala se deliberaba sobre los desafíos deontológicos, en una ponencia liderada por José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que habló de la carga ética del abogado en tiempos de mucha litigiosidad e incertidumbre, así como de la importancia de la claridad, “que todos sepamos nuestros deberes y los cumplamos”. “El abogado tiene un deber de veracidad y fiabilidad, pero ustedes se mueven en un terreno difuso porque se discute la verdad, y la verdad probada a lo mejor no se parece a la verdad real”.
“El mayor deber deontológico de un abogado es tener fe en la profesión, no tirar la toalla, no quejarse. La abogacía no es un mundo feliz, acechan problemas. La justicia no es infalible pero es lo menos malo que tenemos”, concluyó.
El viernes se deliberará sobre derechos y libertades, y sobre intermediación y nuevos modelos de negocio. También habrá un grupo de trabajo sobre justicia gratuita y turno de oficio.
Estas ponencias deliberativas han recibido propuestas de los colegiados y colegiadas, que han podido presentar comunicaciones para contribuir al debate. Tras las deliberaciones, que se prolongarán durante jueves y viernes, se llegará a una serie de conclusiones que serán votadas por los participantes.
Además de estas sesiones deliberativas, hay seis itinerarios de formación continua sobre práctica jurídica procesal, las últimas reformas legales, la cultura del acuerdo, diferentes habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho. En total, más de 60 ponencias impartidas por expertos y juristas de primer nivel, incluido el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que habló de la reforma de la casación.
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