La okupación de viviendas es una problemática que, pese a los esfuerzos por establecer una regulación clara al respecto, sigue estando muy presente en la sociedad española. Los datos lo demuestran: las okupaciones han crecido un 10% en los últimos tres años en Cataluña, que ya representa más del 40% de los allanamientos totales del territorio español.
En este contexto, el pasado 14 de septiembre el PSOE registró una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que se produzcan desalojos por ocupación en un plazo de 48 horas.
Pese a no contar con una buena acogida por parte de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos), los expertos del mercado inmobiliario consideran que se trata de una propuesta esperanzadora. Es el caso de Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario y presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), quién confía en la buena intención de la norma, pero al mismo tiempo pone en duda que sea realista.
“Se propone que un juez tenga que ser quién tome la última decisión para que se proceda al desalojo. Entre que se okupa la vivienda y el juez acabe tomando una decisión pasará un largo periodo de tiempo y está medida quedará desdibujada”, lamenta Unsain.
La falta de efectividad en las decisiones tomadas por el Gobierno de Sánchez hace mella en un mercado inmobiliario tocado por la inflación y que a su vez es uno de los principales motores de la economía española. “Es necesario poner fin a la vulneración del derecho a la propiedad privada, o, de lo contrario, se creará confusión entre los inversores y compradores, y se castigará a la inversión en alquiler, algo que no nos podemos permitir”, explica el presidente de AEPSI.
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