Sobre neutralidad y politización con la bandera LGTBI

Recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo de España, conocidos a través de una nota de prensa publicada el pasado día 2 de diciembre por la Oficina de Comunicación de dicho tribunal, sirve para generar un intenso debate jurídico y social en torno a la neutralidad de las Administraciones Públicas y el uso de la bandera LGTBI en espacios institucionales. Este análisis parte de las sentencias de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que avalan la exhibición de este símbolo en el marco del Día del Orgullo LGTBI, y reflexiona sobre los límites entre neutralidad institucional y el riesgo de politización de ciertos emblemas que, aunque no sean formalmente partidistas, pueden ser percibidos como asociados a posiciones ideológicas concretas.

La argumentación central del Tribunal Supremo radica en considerar que la exhibición de la bandera arcoíris no vulnera las disposiciones de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, sobre el uso de la bandera de España y otras enseñas, ni compromete los principios de objetividad y neutralidad exigidos por el artículo 103.1 de la Constitución Española. Según la sentencia, la bandera LGTBI no es un símbolo partidista ni busca propugnar divisiones en la sociedad, sino que constituye una representación de valores consagrados en el ordenamiento jurídico, como la igualdad y la no discriminación. Esta interpretación se alinea con el artículo 14 y el 9.2 de la Constitución, que establecen la prohibición de toda forma de discriminación y la obligación de los poderes públicos de promover condiciones que garanticen la igualdad efectiva de los ciudadanos. Asimismo, se refuerza con el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que insta a proscribir cualquier forma de discriminación por orientación sexual.

A partir de estos fundamentos, el Supremo desestimó las pretensiones de la Asociación de Abogados Cristianos, que había recurrido contra la exhibición de la bandera en edificios públicos, como el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza y un patio interior de la Diputación de Valladolid. La Sala concluyó que la acción controvertida no constituye una subordinación o sustitución de las enseñas oficiales y, al contrario, forma parte de las actuaciones que las Administraciones deben realizar para cumplir con su mandato de promover la igualdad y combatir la discriminación. Este razonamiento adquiere particular relevancia al considerar el marco normativo nacional y autonómico, especialmente las Leyes 3/2007, 15/2022 y 4/2023, que articulan el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI.

No obstante, el fallo no estuvo exento de controversia interna. El magistrado José Luis Requero Ibáñez emitió un voto particular, argumentando que la colocación de la bandera arcoíris podría comprometer la neutralidad institucional exigida a las Administraciones Públicas. Desde su perspectiva, el símbolo, aunque no formalmente partidista, se encuentra ligado a postulados de la llamada ideología de género, que suscitan divisiones en el seno de la sociedad. Este razonamiento pone de relieve una cuestión medular en la jurisprudencia constitucional: el equilibrio entre la promoción de valores constitucionales y la percepción de alineamientos ideológicos que puedan derivarse de estas acciones. Según Requero, la exhibición de la bandera podría interpretarse como un acto que, más allá de cumplir con objetivos legales de inclusión, abanderaría posiciones ideológicas controvertidas, poniendo en riesgo la confianza de ciertos sectores de la ciudadanía en la imparcialidad de las instituciones.

Este debate ilustra la complejidad inherente a la neutralidad institucional, especialmente en contextos donde la carga simbólica de ciertos emblemas trasciende su dimensión jurídica y adquiere un significado político en el imaginario colectivo. El Tribunal Supremo, al afirmar que la bandera LGTBI no es partidista, propone una distinción clara entre los símbolos que representan intereses legítimos de la sociedad en su conjunto y aquellos que expresan una posición partidaria o divisiva. Sin embargo, el riesgo de politización surge cuando determinadas formaciones políticas asumen tales emblemas como parte integral de su identidad discursiva. En este contexto, aunque la bandera arcoíris sea jurídicamente neutra, su asociación con agendas políticas específicas puede llevar a una percepción pública de parcialidad, comprometiendo la objetividad que debe caracterizar a las Administraciones Públicas.

El fallo, en este sentido, invita a reflexionar sobre la relación entre los valores constitucionales y su representación simbólica. La igualdad y la no discriminación, como principios fundantes del Estado de Derecho, encuentran en la bandera LGTBI un vehículo de expresión que, a juicio del Supremo, no contradice la neutralidad institucional. Sin embargo, la politización de este símbolo por parte de ciertos actores puede desdibujar su carácter inclusivo y universal, transformándolo en una herramienta de confrontación ideológica. Este escenario plantea la necesidad de establecer límites claros sobre el uso de símbolos en espacios públicos, garantizando que su función sea exclusivamente la de promover valores constitucionales, sin devenir en instrumentos de división o alineamiento político.

En última instancia, las sentencias del Tribunal Supremo refuerzan el compromiso del ordenamiento jurídico con la igualdad y la inclusión, destacando el papel de las Administraciones Públicas en la promoción activa de estos valores. No obstante, el voto particular del magistrado Requero subraya la importancia de salvaguardar la neutralidad institucional, evitando que las acciones legítimas de promoción de derechos sean interpretadas como alineamientos ideológicos. Este delicado equilibrio constituye un desafío permanente en el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo, especialmente en sociedades pluralistas donde los símbolos adquieren significados múltiples y, en ocasiones, contradictorios.

La nota de prensa emitida el 2 de diciembre por la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo no solo informa sobre un relevante fallo judicial, sino que también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las tensiones entre neutralidad, politización y la representación simbólica de los valores constitucionales. Este debate, lejos de estar cerrado, exige una atención constante a las dinámicas sociales y políticas que configuran la relación entre el derecho y la sociedad. La bandera LGTBI, en este contexto, se erige como un emblema de igualdad, pero también como un recordatorio de los desafíos inherentes a la construcción de una democracia inclusiva y plural.