La Confederación Española de Abogados Jóvenes ha emitido un comunicado, que reproducimos a continuación, en el que exige que se depuren responsabilidades por los problemas de seguridad que ha tenido LexNET el pasado fin de semana, además exigen la publicación de un informe de vulnerabilidad del sistema y que la plataforma sea gestionada por el CGPJ y no por el Ministerio de Justicia.

Tras la suspensión del servicio de LexNET durante el pasado fin de semana, por un grave problema de seguridad, nos llega una segunda noticia sobre la filtración de unos 11.000 documentos internos al descubierto que describen al detalle la arquitectura interna de parte de los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia.

Esto podría suponer una violación de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal así como de otras disposiciones que afectan al ejercicio de la abogacía como es el secreto profesional, ante la posibilidad de que se dieran la mismas. Nos vemos obligados a recordar que la Ley Orgánica de protección de datos es de obligado cumplimiento también para el Estado y todos sus organismos, y su infracción lleva aparejada sanciones económicas.

La inseguridad creada, tanto por la quiebra de la seguridad, como por el parón del servicio en sí, que fue comunicado con tan solo 25 minutos de antelación y sin tiempo de reacción, en una fecha especialmente sensible para los profesionales a dos días del mes de Agosto (mes inhábil en algunas jurisdicciones) supuso todo un caos en nuestro ámbito profesional. Obligando a los Letrados y Letradas que manifestásemos nuestra más absoluta disconformidad con el uso de esta plataforma, no ya por los continuos fallos que venía presentando sino por colapsar en una fecha tan señalada las notificaciones.

Si bien pudiera ser cierto que, tal y como asegura el Ministerio de Justicia, no se hayan identificado accesos indebidos a los buzones particulares de LexNET, de ninguno de sus usuarios, entendemos que el simple riesgo de lo que haya podido ocurrir, es lo suficientemente grave como para que se tomen medidas extremas e inmediatas en la toma de decisiones que lleven al cierre de la Plataforma, por encontrarse en esta datos personales y delicados de la ciudadanía y de todos los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos.

Dicha inseguridad está fundada además en la ausencia de división de poderes que establece la Constitución Española, materializada en la falta de independencia Judicial, dado que LexNET depende directamente del Ministerio de Justicia, lo que supone que éste tenga la posibilidad de acceder a cualquier documento judicial y notificación que se produzca en la totalidad de los expedientes judiciales que se tramitan en este momento en cualquier de los órganos judiciales de nuestro país. Dicho extremo entendemos que atenta claramente contra seguridad jurídica y los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, lo que resulta del todo inadmisible en un estado de derecho del siglo XXI. Ya que la plataforma en todo caso debería estar bajo la jurisdicción del CGPJ.

Por todo ello entendemos que deberá realizarse un informe público de vulnerabilidad del sistema y que dicho informe recoja desde cuando se viene sufriendo esta vulnerabilidad; que nos ofrezcan medidas para saber si nuestros buzones de LexNET han sido o no espiados. Y por supuesto debemos exigir que la Plataforma de LexNET pase a ser gestionada por el CGPJ en lugar de por el Ministerio de Justicia haciendo efectiva la división de poderes que recoge nuestra Constitución.

Exigimos además, desde la Abogacía Joven, que por quien corresponda, se asuman y depuren las responsabilidades pertinentes, llevando a cabo las reclamaciones, dimisiones y/o despidos necesarios, y ello por habernos obligado a trabajar con un sistema que:

– Viene vulnerando desde la fecha de su creación la política de protección de datos y el secreto profesional, y hablamos de un ámbito que entendemos debe ser especialmente protegido, en razón de su materia y la incidencia que tiene sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues los datos recogidos en dicha plataforma son de nivel 3 y por lo tanto de especial protección.

– A día de hoy, no se ha terminado de formar a todos los funcionarios en su funcionamiento, lo que conlleva un grave agravio comparativo con los profesionales que trabajamos en Justicia, pero no para la Administración.

– Ha incurrido en numerosos fallos desde su creación, ya que este sistema en lugar de implantarse apto para su uso, ha sido de obligada utilización (para Letrados y Letradas) pese a sus múltiples errores y pese a no estar bien desarrollado y operativo en todas las funcionalidades precisas de la actividad judicial, recayendo de esta manera en los profesionales la tarea de asumir las soluciones a las carencias y fallos expuestos, con la asunción del tiempo perdido, el colapso de trabajo así como otros perjuicios colaterales.

Para terminar, exigimos que esta asunción de responsabilidades se haga de forma transparente y con todas las consecuencias para las personas implicadas, así como que se trabaje de forma operativa y eficiente en el desarrollo e implantación de esta herramienta, teniendo en cuenta y siendo partícipes los operadores jurídicos que nos vemos afectados por LexNET, así como emitiendo los respectivos informes según se produzca su desarrollo.