España, al igual que la Unión Europea, tiene el compromiso de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Para lograr este objetivo, una de las claves es la descarbonización del sector eléctrico lo que hace necesario, entre otras medidas, aumentar la generación de energía renovable, cuya potencia se verá duplicada a lo largo de la próxima década, según la previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Este escenario, unido a la profunda interrelación entre el despliegue a gran escala de energía eólica y fotovoltaica y la conservación del medio ambiente, trae consigo riesgos para la biodiversidad y el territorio. Entre ellos, pérdidas y alteraciones en los hábitats naturales, colisiones de aves y murciélagos con los álabes de los aerogeneradores u ocupación de grandes extensiones de suelo. Una mala planificación, una localización errónea y una falta de reglamentación sobre el despliegue de renovables pueden tener consecuencias negativas sobre el medio ambiente, además de generar rechazo por parte de la sociedad.
El informe ‘Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio’, que hoy ha presentado IIDMA, identifica necesidades y hace recomendaciones para armonizar el desarrollo de las renovables en España y la preservación de la biodiversidad y el territorio.
La identificación temprana de los riesgos es fundamental para evitar impactos significativos en nuestra biodiversidad. El instrumento más adecuado es la evaluación ambiental estratégica, que permite estudiar los efectos de planes, programas y políticas. España cuenta con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía y la planificación en materia energética de las comunidades autónomas, que también juega un papel esencial en este caso. Sin embargo, no todas estas planificaciones han tenido suficientemente en cuenta la relación entre el despliegue de renovables y los impactos en la biodiversidad y el territorio.
Otro elemento fundamental para evitar que este despliegue masivo no se lleve a cabo en detrimento de la biodiversidad y del patrimonio natural es la zonificación que, a partir de la cartografía, permite identificar las áreas del territorio con mayores condicionantes ambientales para la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran volumen. La herramienta, creada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para este propósito ha sido diseñada como un mero instrumento de orientación para el promotor, pero que ofrece deberían tener carácter obligatorio.
Junto a la planificación y a la cartografía, es esencial contar con un marco jurídico-institucional que permita mitigar los impactos de los proyectos de energías renovables sobre el territorio y el medioambiente. Estas competencias, repartidas entre la Administración Central y las distintas comunidades autónomas, establecen criterios relacionados con la capacidad de la instalación y el ámbito geográfico de afección. Sin embargo, aunque ya hay comunidades que han establecido criterios para el emplazamiento de los proyectos de renovables, es necesario que estos sean vinculantes.
Recomendaciones para superar el reto de conciliar renovables y biodiversidad
España ha sido un país pionero en el desarrollo de las energías renovables y la consideración de los impactos ambientales asociados al desarrollo masivo de energías renovables se ha ido reflejando tanto en la legislación autonómica como en los planes en materia de energía. Sin embargo, desde IIDMA consideramos que se puede avanzar en la identificación y prevención de esos riesgos, por lo que formulamos las siguientes recomendaciones.
- Establecimiento de criterios para considerar una instalación de energía eólica y fotovoltaica de gran escala, que deben estar establecidos de forma clara en el ordenamiento jurídico.
- Creación de Oficinas de Ubicación o Emplazamiento de Energías Renovables, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de localización ambientalmente responsable de los nuevos proyectos de esta clase. Estas oficinas serían el canal para la fase de participación pública, garantizando una mayor implicación de los actores locales y permitiendo una elección final de la ubicación más compartida entre todos los actores.
- Elaboración y aprobación de normas, tanto a nivel estatal como autonómico, para prohibir la puesta en marcha de proyectos renovables de grandes dimensiones en zonas de máxima sensibilidad ambiental. Esto se complementaría dando impulso a los mismos en zonas de baja sensibilidad.
- Modificación de la orden ministerial que regula el mecanismo de subastas de renovables para incluir en ellas unos criterios de condicionalidad con los que priorizar aquellos proyectos que se sitúen en zonas de baja sensibilidad ambiental o que, por su tamaño, tengan un menor impacto en el medio natural. También se priorizaría la repotenciación de proyectos.
- Establecimiento de medidas para evitar casos de fraccionamiento ilegal de parques eólicos y plantas fotovoltaicas por parte de los promotores. Para ello, es fundamental el intercambio de información entre órganos estatales y autonómicos para conocer, en todo momento, la totalidad de proyectos que estén en fase de evaluación ambiental.
- Un mayor análisis crítico por parte de la Administración en aquellas fases de la evaluación de impacto ambiental que dependen de los promotores, como la elaboración de los estudios.
"El cambio climático es uno de los principales causantes de la pérdida de la biodiversidad. Una mayor penetración de energías renovables es clave para la descarbonización de la economía. Un gran despliegue de renovables puede a su vez generar impactos en la biodiversidad y el territorio. Sin embargo, existen herramientas que permiten conciliar ambos límites del planeta: cambio climático y biodiversidad. En este informe mostramos que esa conciliación es posible cuando se realiza una planificación adecuada, se utilizan herramientas como la zonificación y cartografía y se cuenta con marco jurídico-institucional apropiado. En la actualidad contamos con buenas herramientas pero es necesario avanzar para cubrir algunas lagunas. Por ello, en este informe hacemos una serie de recomendaciones para evitar y/o mitigar esos impactos que van desde el fortalecimiento institucional a la mejora de algunos procedimientos", explica Ana Barreira, directora de IIDMA.
"La urgencia de España por cumplir con sus objetivos renovables ha llevado a un proceso acelerado y desordenado para la implementación de proyectos de energía renovable que está desbordando a técnicos y administraciones. Para garantizar que el despliegue masivo de renovables no se lleve a cabo en detrimento de la biodiversidad y del patrimonio natural se necesitan procesos de planificación que integren los factores de la biodiversidad y territorio en los procesos de toma de decisiones. También es de fundamental importancia poder contar con herramientas cartográficas que permitan identificar las zonas de baja sensibilidad ambiental que al mismo tiempo cuenten con recursos renovables suficientes. Asimismo, se deberían impulsar programas que faciliten la ubicación de esos proyectos en terrenos degradados de difícil recuperación, vertederos clausurados o emplazamientos industriales", añade Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental de IIDMA y coautor del informe.
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