• Una abogada de Castellón ha conseguido recientemente con este procedimiento por primera vez no solo liberar al propio deudor, sino también a sus fiadores, sin intervenir los mismos en el concurso

En 2021 la crisis económica golpeará con más fuerza a particulares y autónomos cuya estabilidad económica ya pende de un hilo. El camino para librarse de una deuda y volver a empezar tiene su punto de partida en la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo poco conocido en España hasta ahora y más propio de culturas anglosajonas. Instaurada en el 2015, esta norma permite la liberación de parte o la totalidad de las deudas -beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI, en adelante)-. Los abogados confiesan que en los últimos días han aumentado un 50% el número de solicitudes de información y en el mismo sentido las solicitudes de acogerse a este mecanismo, lo que seguirá en auge en los próximos meses.

Un caso reciente de éxito que ejemplifica a la perfección la capacidad que este mecanismo legal otorga a la sociedad es el gestionado por Sonia Molina, abogada de Segorbe (Castellón) y Aliter abogados, que ha conseguido hacer realidad el propósito de uno de sus clientes, exonerándole de una deuda de más de dos millones y medio de euros. Además del carácter definitivo de la exoneración, lo novedoso es que esta quita se aplicó de manera inmediata a los fiadores del cliente. “No solamente ha quedado liberado el propio deudor concursado, también los fiadores de dicha deuda, sin intervenir los mismos en el concurso” apunta la letrada.

CIFRAS DE CASOS

“En 2020 he presentado 30 concursos consecutivos y he sido designada como mediadora/ administradora en 4 concursos en los últimos 2 meses”, puntualiza la abogada valenciana.

En el mismo sentido opina Jesús Guinea, abogado del Colegio de Abogados de Valladolid, corporación que en 2017 puso en marcha un Turno de Oficio para personas físicas relacionado con la Segunda Oportunidad, quien confirma que “las consultas y su mecanismo se están incrementando de manera rápida, y desde el Ayuntamiento nos informan que empiezan a notar un aumento por parte de ciudadanos que se han visto afectados por el Covid”.

Martí Batllori, coordinador del Grupo de trabajo sobre Segunda oportunidad del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Consejo de la Abogacía Catalana, declara que aunque “ahora estamos, dentro del Real Decreto 34/2020 de noviembre, en una moratoria hasta el 14 de marzo de 2021 y los deudores no tienen por qué iniciar el procedimiento, hay muchas personas que ya lo están haciendo porque la situación es límite”. Prevé por tanto una importante subida en las solicitudes a partir de marzo o abril de este año. La tendencia es que ha habido un incremento anual del 50 % de casos, más de 7.000, entre particulares y empresarios en 2020, lo que legará previsiblemente a cerca del 70% en 2021. “Ello es fruto también del trabajo colaborativo entre los jueces y los abogados para fomentar la segunda oportunidad como el único mecanismo de solución para los problemas de insolvencia”, explica.

CUÁNTO DURA EL PROCESO

En palabras de Sonia Molina, el proceso suele durar de 6 a 8 meses desde que se presenta el concurso consecutivo. “Hay una primera fase que es la solicitud de mediador concursal que presenta un acuerdo extrajudicial de pagos e intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. Si no llega a un acuerdo (que es la inmensa mayoría de veces) se presenta el concurso consecutivo y en él se solicita el BEPI. Si no acepta el mediador todo lo anterior lo hace el abogado del concursado, de ahí la necesidad de que el mismo sea experto en la materia para que el caso se resuelva con éxito”.

Para Jesús Guinea, el mecanismo de segunda oportunidad tras los efectos devastadores del Covid es más sencillo, pues los trámites de la primera fase del mecanismo se simplifican y basta con que dos mediadores rechacen el cargo para que el acuerdo se tenga por intentado y se pueda iniciar un concurso consecutivo. “Esta medida dota al procedimiento de gran celeridad, si en condiciones normales hablábamos de uno o dos años, con esta medida los procedimientos se pueden acortar en más menos 1/3 parte del tiempo total”, apunta.

PERFIL DE CLIENTES MUY VARIADO

En cuanto al perfil de las personas que se acogen a esta ley, muchos de ellos son “nuevos pobres surgidos durante la crisis”, pero la tipología está cambiando. “Por un lado, la persona asalariada que ha perdido el trabajo o que ha tenido algún problema con un crédito o préstamo rápido que se ha quedado con una deuda importante que no puede afrontar. Por otro lado, un autónomo que ha tenido una pequeña empresa o por ser avalista de un negocio”, apunta Martí Batllori. Jesús Guinea señala que “no hay un perfil típico de persona que recurre al mecanismo. Desde el administrador de una empresa que se ve obligado a asumir las deudas empresariales y la derivación de deudas de naturaleza pública hasta el empresario individual que ha tenido que cerrar su negocio a consecuencia del Covid”.

 MAYOR DESARROLLO LEGISLATIVO

Martí Batllori insiste en que es esencial que “la abogacía siga promocionando este mecanismo dentro de la ciudadanía, con formaciones continuas y periódicas, para conseguir sentencias no conseguidas hasta ahora como en procedimientos de segunda oportunidad como son el no perder la vivienda”.

En cuanto a conseguir desarrollar una mayor respuesta legislativa, Jesús Guinea resalta que “cuanto más casos se fallen, se conseguirá también un mayor desarrollo legislativo, en aras a dar una respuesta dinámica y eficaz a la sociedad, porque es fundamental seguir insistiendo en una mayor simplificación de los trámites de acceso y desarrollo del mecanismo para adaptarlo a los tiempos actuales”.

Para los abogados, la Segunda Oportunidad es sin duda una herramienta que va a tener mucho juego en los próximos meses- y probablemente años- en esta crisis y será esencial para revitalizar la economía.