El ciclo, que organiza el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Fondo ODS), el Consejo General de la Abogacía Española y la Universidad de Navarra, aborda el derecho de acceso a la Justicia en cuatro encuentros desde la perspectiva de las Naciones Unidas y de las regiones de Europa, Latinoamérica y África respectivamente.
En la conferencia ‘Acceso Universal a la Justicia en la Unión Europea’, que se celebró en el Consejo General de la Abogacía Española, la presidenta de la Abogacía destacó que “la universalización del acceso a la Justicia es imprescindible para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y hacer realidad el progreso social y la paz; no podemos consentir que las desigualdades sociales se traduzcan en un desigual acceso a los tribunales”.
“La asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos suficientes es, además de una obligación moral, indispensable para el desarrollo sostenible. En España, el acceso universal a la Justicia se garantiza por casi de 47.000 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio para defender los derechos de las personas con menos recursos, tanto ante tribunales nacionales como europeos”. Por ello, exigió Victoria Ortega a las administraciones públicas “el reconocimiento social y las retribuciones justas que su importante labor merece”.
Durante su intervención, la presidenta de la Abogacía aseguró que “sólo con el libre ejercicio de la abogacía se puede garantizar el libre acceso a la Justicia. Por ello, la Abogacía Española es miembro fundador del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, cuyo objetivo principal es la defensa de los abogados víctimas de amenazas, torturas o cualquier otro tipo de maltrato, así como la denuncia de las situaciones que atenten contra el derecho de defensa”.
OBJETIVO 16 DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ONU
En la conferencia ‘Acceso Universal a la Justicia en la Unión Europea’, la directora de desarrollo del Fondo ODS, Paloma 
Durán, destacó por su parte la importancia del Objetivo 16 (facilitar la Justicia para todos) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y reconoció que “este objetivo es imprescindible para la estabilidad social”. En este sentido, explicó que el Fondo ODS es “un mecanismo creado en la ONU para, entre otras cosas, lograr involucrar a todos los actores de la Justicia a implementar la Agenda de Sostenibilidad”, afirmó Paloma Durán.
Igualmente, Durán explicó cómo desde el Fondo ODS se ha organizado este ciclo de encuentros para discutir el acceso universal a la Justicia “teniendo en cuenta en el estudio los diferentes escenarios, pero también los actores que están implicados en cada una de las regiones y países, cada uno con sus propias circunstancias”. El Fondo ODS es un “mecanismo creado en la ONU para involucrar a todos los actores de la Justicia a implementar la agenda de sostenibilidad”, afirmó Paloma Durán.
En el primer encuentro, que se celebró en Nueva York durante el ‘Foro Político sobre Desarrollo Sostenible’, participaron representantes de la ONU, despachos de abogados y especialistas internacionales en Derecho, además de expertos de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
El análisis del acceso universal a la Justicia desde las perspectivas internacional, europea, latinoamericana y africana permitirá elaborar un informe final para abordar el objetivo 16 (facilitar el acceso a la Justicia para todos) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Con el fin de promover los objetivos fijados en esta Agenda, Naciones Unidas creó en 2014 el Fondo ODS, un mecanismo de cooperación al desarrollo establecido que contó con una aportación inicial del Gobierno de España. El Fondo ODS trabaja con las diferentes agencias de la ONU para llevar a cabo proyectos e iniciativas concretas de desarrollo sostenible y desarrolla programas conjuntos contra la pobreza en sus múltiples formas, donde participan todos los actores del desarrollo: desde agencias de Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, hasta representantes del mundo académico, organizaciones civiles y empresas.
JUSTICIA EFICAZ E INDEPENDIENTE
Por su parte el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Jorge Noval, destacó que “sin un sistema de Justicia eficaz e independiente no resulta posible el respeto de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, que se mencionan como valores fundamentales en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”.
El decano explicó que con estos encuentros se pretende “sentar las bases de un diagnóstico preciso para elaborar una propuesta que contribuya a una mayor concienciación de los problemas que se afrontan y a una eliminación de los obstáculos existentes, para que todas las personas accedan en la Unión Europea a la Justicia, con una atención particular a grupos como los niños y los migrantes”.
LA JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO
Stéphane Leyenberger, jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos 
Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CEPEJ), aseguró durante su ponencia que el objetivo principal de CEPEJ es promover la Justicia como servicio público.
Su intervención comenzó recordando que el Consejo de Europa concedió en octubre de 2014 el Premio ‘Balanza de Cristal de la Justicia’ al Consejo General de la Abogacía Española por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que permite al ciudadano agilizar, con total seguridad, la petición de Justicia Gratuita ante los Colegios de Abogados. Reconoció que “los abogados son una pieza fundamental para el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.
“En la mayoría de los estados europeos se está produciendo un aumento en el presupuesto asignado al sistema judicial”, aseguró durante el encuentro Stéphane Leyenberger, aunque advirtió que “continúan existiendo restricciones presupuestarias en países del sur de Europa, como España, Grecia o Portugal”.
“No hay Estado de Derecho si los ciudadanos no pueden tener un fácil acceso a la Justicia”, aseguró Leyenberger quien destacó que la media destinada a la Justicia en los presupuestos europeos es de 60 euros per cápita, pero existen grandes desigualdades. En España este importe alcanza los 88 euros, mientras que en Italia son 73, Francia (64) y Suecia (103). Existe una tendencia en la UE para que los usuarios también contribuyan a mantener el sistema judicial. Sólo Francia y Luxemburgo tienen libre acceso a la Justicia. Puso el ejemplo de Austria, donde los ingresos de lo aportado por los ciudadanos supera en un 20% el coste operativo de la Justicia, sobre todo porque incluye los gastos de Registros de la propiedad y mercantiles.
Sobre la asistencia jurídica gratuita, Leyenberger recordó que todos los estados europeos tienen Justicia gratuita para los más necesitados en el proceso penal y casi todos en la jurisdicción civil. Sin embargo, existen unos grandes desequilibrios en Europa, mientras que en España el 6% del presupuesto en Justicia va asistencia jurídica gratuita en otros países es muy superior como Irlanda (36%), Noruega (44%) y el Reino Unido que supera el 50%, sobre todo por el importe destinado al turno de oficio en Gales e Irlanda del Norte. En Europa, la media de gasto en Justicia gratuita es de 9 euros per cápita.
“No hay uniformidad en Europa, pero cada vez más se desarrollan este tipo de sistemas y se dedican fondos más allá del turno de oficio, como es la mediación y la ejecución”, según el responsable de CEPEJ.
En relación al ejercicio de la abogacía, Leyenberger destacó las distintas formas de ejercer la profesión reconociendo que cuantos más abogados hay en un país existe más posibilidad de vivir del Turno de Oficio poniendo como ejemplo Grecia, Italia y Portugal y ”hasta cierto punto en España”. En estos sistemas “la profesión está bastante bien organizada por los consejos generales de las diferentes abogacías”, reconoció Stepháne Leyenberger.
Finalizó su intervención destacando que según un estudio de CEPEJ no existe una conexión real entre el nivel tecnológico y sus resultados en la Justicia “no son más eficaces los que tienen la mejor tecnología”. La aplicación al acceso a la Justicia de los avances tecnológicos “nos debe permitir llegar al objetivo, pero no ser el objetivo”.
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