En el acto de presentación de las conclusiones de 15 propuestas para una Justicia Digna del ICAB, han participado, en la mesa presidencial: la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la decana del Colegio de Abogados de Reus, Encarna Orduna; el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez; el decano del Colegio de Abogados de Figueres; Joan Ramon Puig; el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho; el vicedecano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa; y el presidente del Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona, Pol Olivet.
En el acto también han estado presentes representantes de otros Colegios de la Abogacía.
Las propuestas consensuadas y agrupadas por temas (Justicia digna, Defensa, Tecnología, Abogacía y Sociedad, y Formación) son las siguientes:
JUSTICIA DIGNA
1. El Pacto de Estado del año 2001 no ha mejorado la justicia ni se han cumplido sus objetivos. Por ello, es necesario un nuevo Pacto de Estado por la Justicia, que se ha de gestar desde el diálogo, el consenso y la participación de todos los colectivos implicados.
2. La Abogacía –como garante de la tutela judicial efectiva a través de la defensa de los derechos de las personas—exige que se aborden una serie de compromisos, que comporten una reforma profunda y duradera de la Justicia, en la que la Abogacía debe ser tenida en cuenta en todas las decisiones que le afecten, y participando también de forma directa en las Conferencias Sectoriales de Justicia.
3. La Justicia debe estar dotada de cuantos medios sean necesarios e imprescindibles para garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía.
4. La oficina judicial debe reorganizarse con una nueva estructura territorial que garantice la proximidad y la especialización, de forma que su funcionamiento responda a criterios de eficiencia y eficacia, garantizando una respuesta judicial rápida. Reivindicamos que la Justicia debe ser respetuosa con el tiempo de la ciudadanía y de los profesionales en los procedimientos y en los trámites judiciales.
5. La planta Judicial ha de asegurar, mediante un nuevo modelo de selección y formación, el acceso a la judicatura de un número de jueces y juezas suficientes y especializados para cubrir dignamente las necesidades de la ciudadanía y que resulte equiparado con el del resto de Europa
DEFENSA
6. Se debe cumplir con la necesidad de promulgar una Ley Orgánica que regule el derecho de defensa cerrando el círculo de garantías constitucionales de la ciudadanía y situando a nuestro país en la vanguardia de la protección de sus derechos; preservando, al máximo nivel, el secreto profesional como elemento esencial sobre el que se sostiene el ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, redactando un catálogo de derechos reforzados y una regulación que no dé lugar a interpretaciones dispares
7. Ese derecho de defensa también ha de quedar garantizado en el ámbito de la mediación: cualquier impulso futuro de la mediación ha de incorporar a los abogados y abogadas en sus procesos, como garantía necesaria de la defensa de los derechos de las personas que voluntariamente acuden a la mediación, mejorando así la calidad de ésta.
Se debe reforzar la consideración de la Abogacía como operador jurídico, al mismo nivel que la judicatura y el ministerio fiscal.
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TECNOLOGÍA
8. Se debe abordar con carácter de urgencia una transformación digital de 360 grados que sea integral, transversal y eficiente, ante los inminentes retos que nuestra sociedad debe afrontar en materia tecnológica.
Exigimos que la Justicia del siglo XXI dé respuesta a las necesidades de la abogacía y de la sociedad ante el imparable avance tecnológico y que se garantice la interoperabilidad real de los diferentes sistemas tecnológicos y plataformas utilizadas en las comunidades autónomas; así como los recursos necesarios, tanto económicos, como personales y formativos, para implementar un auténtico expediente judicial electrónico que permita el derecho a la información en tiempo real, de una forma transparente, segura y garante de la privacidad.
Se debe respetar la conciliación de la vida personal y familiar, así como los derechos relacionados con la desconexión digital y el teletrabajo, garantizando el respeto de los derechos contemplados en la Carta Universal de Derechos Digitales.
Los poderes públicos y la abogacía institucional deben velar para que la prestación de servicios legales sea siempre respetuosa con la deontología profesional, la ética empresarial y el desarrollo sostenible.
Los poderes públicos deben garantizar la presencia con pleno derecho de la abogacía, a través del Consejo General de la Abogacía Española en el CETEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica).
Consideramos como un elemento fundamental en la gestión del cambio que se garantice una formación accesible y continuada, con la participación de todos los operadores jurídicos, que asegure el éxito del proceso emprendido.
ABOGACÍA Y SOCIEDAD
9. La Abogacía reclama:
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la creación de espacios multisectoriales y un Observatorio de los Cambios Sociales de la que forme parte la Administración, todos los operadores jurídicos y, especialmente, la Abogacía, como sensor principal de las problemáticas sociales, siendo el nexo de unión y engranaje entre la sociedad y los operadores jurídicos.
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la coordinación de todas las Administraciones con competencias en materia de justicia y de educación con la Abogacía en la educación en igualdad, así como activar la formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos y sociales.
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la aplicación por parte de los operadores jurídicos de las normas internacionales en derechos humanos y la formación en dicha materia.
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la aplicación del Convenio de Estambul de 2011, con la inclusión en el turno de oficio de violencia de género, de la trata de seres humanos; y un turno específico de agresiones sexuales, instando para ello a las Administraciones competentes, así como a la revisión de la legislación en materia de menores respecto a las medidas y objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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la creación de un Plan, con dotación presupuestaria específica plurianual, de desarrollo para la implementación de los ODS en Justicia de la Agenda 2030
FORMACIÓN
10. La abogacía considera necesario modificar el actual sistema de acceso a la profesión para que pase a ser eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la misma, ampliando habilidades transversales y permitiendo la especialización.
Debe existir un sistema de convocatoria fijo en periodos, y que la publicación de los resultados sea con la celeridad necesaria.
Es preciso un examen que reconozca el esfuerzo y mérito del alumno y que, por lo tanto, sea ponderado con nota numérica.
11. Se debe garantizar la especialización y formación continua de la abogacía y la de todos los diferentes intervinientes en el servicio público de la Justicia para así garantizar que la Justicia responda a los estándares de calidad y excelencia que exige la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
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