Casi cincuenta años después de la Ley 92/1966, que derogaba la prohibición a las mujeres de acceder a la carrera judicial, bajo el poderoso motivo de ser estos trabajos actitudes contrarias al «sentido de la delicadeza consustancial en la mujer», asistimos al nacimiento de la primera Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).

Las desigualdades entre hombres y mujeres son, a estas alturas, incuestionables en casi todas las esferas sociales y profesionales,

según estadística elaborada por Eurostat, la brecha salarial de género, considerando el salario hora bruto, coloca a las mujeres en una diferencia económica respecto a los hombres del 16,3%, aunque en España se sitúa en un 19,3%. No obstante, los resultados de la Encuesta Anual de Estructura Salarial que analiza salarios brutos anuales en España determinan que en el año 2013 la diferencia se sitúa en un 24%.

Las mujeres europeas utilizan las contrataciones parciales en un 34'9%, frente al 8'6% de los hombres, lo que las hace candidatas ideales al percibo de famélicas pensiones que aumentan el riesgo de pobreza, que también encabezan en comparativas de género.

Además, estamos en una sociedad que penaliza objetivamente la maternidad, pues no puede entenderse de otro modo que las trabajadoras con hijos cobren unos salarios un 5% inferiores a los percibidos por las que no tienen descendencia, según Informe sobre la brecha salarial de género y la brecha salarial por maternidad, de la OIT de marzo 2015.

La carrera judicial no es un sector estanco o inmune a los envites de género o estereotipos machistas, disponiendo actualmente de su propio techo de cristal que se evidencia estadísticamente a través de una inexistente o escasa (a veces simbólica), representación femenina en las altas jerarquías judiciales tanto jurisdiccionales como gubernativas. 

Casi cincuenta años después de estar legalizadas,  las juezas representan ya el 52% de la carrera, aunque no haya ni rastro de ellas en la foto de la cúpula de la justicia que año tras año ilustra la noticia de la apertura del año judicial, con solo un  13%  de representación en el Tribunal Supremo, una presidencia de las diecisiete que coronan los  Tribunales Superiores de Justicia,  ocho presidencias  de las  cuarenta y seis  Audiencias Provinciales y , hasta el momento, no hemos conocido a  ninguna  magistrada presidiendo la Audiencia nacional,  el  Tribunal Supremo o  cualquiera de sus Salas.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), es pionera en nuestro país, por ser la primera asociación de género impulsada y promovida por juezas. Tal originalidad ha hecho que los medios se interesen por quienes somos y qué pretendemos, pero sin duda alguna hay una pregunta común, con un evidente trasfondo de escepticismo, que ningún periodista se ha resistido a formularnos. 

¿Cree que es necesaria en nuestro país una Asociación de mujeres Juezas? 

Hay tres potentes argumentos objetivos para contestarla afirmativamente.

El primero de ellos , es que la AMJE  se integra en una organización supranacional,  la Asociación internacional de Mujeres Juezas, con sede en Washington  y más de 4.700 juezas asociadas en todo el mundo, desde Afganistan a Zimbabwe (75 países en total) , desde  desde donde se lucha contra las desigualdades de género desde un frente global o internacional, que es seguramente la mejor de las maneras de actuar  contra un mal que se reproduce sistemáticamente en todos y cada uno de los países del planeta, aunque se diferencie por su virulencia y en el peor de los casos, por contar con legislaciones que frontalmente vulneran los derechos humanos de las mujeres, a las que en muchos casos se les dificulta o impide el acceso a la justicia, perpetuando de este modo prácticas violentas ancestrales contra las mujeres y las niñas.

El segundo motivo, es un motivo doméstico o nacional. La judicatura española dispone de su propio techo de cristal, como ya se ha indicado, y ello es un anacronismo que bien merece nuestra lucha asociativa por la visibilización de esa mayoría de juezas. La doble presencia femenina, que también reina en la judicatura, se alza sin duda, como un impedimento para construir un currículum abultado, promocionarse y hacer vida social, empobreciéndose, sobre todo, durante la crianza de los hijos. Deben implementarse medidas pro-conciliación en justicia y modificarse el sistema de valoración curricular tradicional, e incluir como mérito el tiempo empleado por jueces y juezas en el cuidado de familiares, porque ello le hará más habilidoso/a a la hora de tomar decisiones que afecten a colectivos humanos aportándole una perspectiva humanizadora que es imprescindible para hacer justicia.

Y para exponer el tercer motivo, se hace necesario destacar aquí que nuestra Asociación no es endogámica sino transversal, y entre nuestros fines asociativos está la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con independencia de su profesión. Luchamos contra todo tipo de discriminación de género, pero, sobre todo, contra su cara más feroz, la violencia de género en todas sus modalidades, una lacra estructural que debe ser considerada una cuestión de estado, que también reivindicamos.

Para todo ello, desde la AMJE nos hemos propuesto promover un cambio desde la carrera judicial, y se llama “juzgar con perspectiva de género”. Es necesario juzgar con perspectiva crítica del derecho, desde el género, razonar con argumentos jurídicos desde la igualdad y erradicar los prejuicios sexistas que se siguen teniendo sobre las mujeres. Queremos promover buenas prácticas judiciales, con enfoque de género y demostrar que es posible hacer justicia sin estereotipos de género, que va a incidir positivamente en la vida de las personas, hombres y mujeres.

Por estos motivos y algunos otros, una asociación de Mujeres Juezas, como la AMJE, no sólo es necesaria, sino imprescindible en un estado Social y democrático de derecho.