El calendario sigue su ritmo imparable y nos sitúa ya a primeros de febrero. El momento para hacer un primer balance, como ya lo hiciera ayer el Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá de la implantación de Lexnet, primer paso para la modernización de nuestra administración de justicia. Después del eco de la crónica de ayer, donde pese a los buenos datos globales la presidenta del CGAE; Victoria Ortega, reclamaba una moratoria del servicio hasta que se solventaran sus deficiencias, hemos querido recoger la impresión de profesionales que están en el día a día de la justicia.
Aquí están los testimonios de Antonio Viejo, Juez Decano de Madrid, de SISEJ, Sindicato de los Letrados de Administración de Justicia, y de la propia Consejería de Justicia que de momento siguen con su modelo papel por el retraso que llevan en ese tránsito digital. Los problemas existen y la buena voluntad de los profesionales de la justicia, sin medios materiales y escasa formación, está haciendo que los conflictos sean menores, aunque se está lejos de un funcionamiento óptimo de esta aplicación.
Como alternativa, que subyace es la de impulsar una moratoria que detenga Lexnet hasta que no tenga tantas deficiencias y mantenga el soporte papel como vía de comunicación entre profesionales y ciudadanos. Opción poco viable después de haber escuchado al Ministro Catalá este lunes en su interpretación de los datos de Lexnet.
Madrid mantiene la doble vía de presentación
Antonio Viejo, juez decano de Madrid, considera la situación aún de los juzgados de nuestra Comunidad aún complicada. Se mantiene la doble vía de presentación de escritos telemática y papel, basada en un Auto suyo de enero que amplio su ámbito hasta el 29 de febrero. Lo mismo ha pasado en otros decanatos madrileños.
Pasado el primer aluvión de escritos, los servicios comunes de reparto han mejorado mucho en la parte contenciosa y social pero donde hay un cuello de botella importante es en los servicios de reparto de civil y penal “al de penal se le añade una problemática diferente y es que en el mes de noviembre se modificó el sistema de gestión de esta jurisdicción por un nuevo sistema llamado Ofre. Eso ha hecho que los registros se alarguen de los escritos hasta cinco minutos”, comenta nuestro interlocutor.
Y es que el nuevo sistema es más complejo, hay que incluir más datos para pasar de pantalla a pantalla. “A día de ayer se han repartido asuntos penales del 21 y 22 de diciembre. Solo el año pasado entraron cerca de 500.000 asuntos iniciadores casi 1400 al dia. Frente a ello, la reforma de la Lecrim 41/2015 ha excluido de los juzgados las denuncias con autor conocido, salvo aquellos que fueran contra integridad física, sexual o contra la corrupción, dato que aún no se conoce con exactitud su importancia. Tampoco del Ofre de momento se pueden tener estadísticas. El más difícil todavía para nuestros jueces.
Del sistema Ofre ya tienen antecedentes en la Comunidad de Madrid, cuando se instaló en la jurisdicción civil en junio del 2014 generó deficiencias en el ámbito civil “cerca de dos meses y medio de demoras en las demandas. En una habitación se llegó a acumular cerca de 45.000 demandas”, apunta Viejo. Hablamos de un sistema que es la parte de registro y reparto del sistema de gestión procesal IusMadrid el que opera en los juzgados de nuestra Comunidad y que acaba de ser homologado por el Ministerio de Justicia.
“Aún hay unos doscientos órganos judiciales que no tienen Iusmadrid y trabajan con el sistema antiguo de gestión procesal. En instrucción se utiliza el sistema antiguo Libraword, heredado del propio Ministerio”, comenta el Juez Decano de Madrid. “Hasta el momento se ha hecho un sobresfuerzo en los servicios comunes de registro y reparto por todo el personal disponible. Sería preferible que se enviaran los escritos a los juzgados directamente pero no están preparados para ello”; indica.
Al mismo tiempo observa falta de formación en los órganos judiciales, cuestión que, al igual la falta de tarjetas pictográficas, según nos comentaba esta mañana el Consejero Garrido de Justicia se va solventar en los próximos días. Otro dato que nos ofrece, dieciocho juzgados de instrucción no habían podido acceder a su buzón de Lexnet hasta este momento.
Sobrecarga de trabajo
Para este magistrado, esta doble vía que se está generalizando en muchas jurisdicciones genera una sobrecarga de trabajo en diferentes direcciones. A nivel de profesional que presenta el escrito y tiene que escanearlo parece evidente. Al mismo tiempo deben acercarse a la ventanilla de los decanatos para presentar ese escrito.
“Hay que ver cuál es el próximo paso que se va a dar porque podemos incurrir en doble registros. Una moratoria de Lexnet no estaría mal si se subsanan todos los defectos que tiene Lexnet relacionados con formación, información y falta de medios materiales. Lo peor es tener que repartir los asuntos que están en los buzones de Lexnet. Es una tarea tediosa y que quita mucho tiempo”, añade Viejo.
Desde su punto de vista este no es el momento de arrojar la toalla “hay que darse cuenta que la modernización de la justicia es clave, como lo ha sido en cualquiera de los servicios públicos de nuestro país, educación, sanidad o hacienda pública. El servicio, en definitiva, tiene que funcionar y dar seguridad jurídica a profesionales y ciudadanos”, insiste.
Ahora, los profesionales de Plaza Castilla son conscientes que hay que dedicarle mucho tiempo para lograr la eficiencia del servicio “sabemos que esta coyuntura no será siempre así”, indica el juez decano de Madrid.
Letrados Administración de Justicia, a favor de moratoria
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lafuente su portavoz señala que “nosotros proponemos que por el Ministerio de Justicia se impulse con carácter urgente una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática que impone la Ley 42/2015 y abrir así un período transitorio suficiente para poder implantar Lexnet con las garantías adecuadas en la totalidad de los órganos de modo homogéneo en un término razonable.
En este período transitorio el Ministerio de Justicia debe impulsar el diálogo con todas las administraciones con competencias en justicia y los operadores implicados”. Desde este colectivo se indica que El Ministerio de Justicia simplemente ha impulsado la aprobación de una norma, la Ley 42/2015, de 5 de octubre que obliga a que la recepción y envío de comunicaciones dirigidas al o por el juzgado se efectúen de forma telemática, mediante la aplicación LEXNET. “La expresión papel cero es un eslogan lejano a la realidad”, señalan.
A juicio de estos profesionales: ”El sistema de comunicaciones electrónicas entre juzgados y profesionales (LEXNET) se está implantando de forma deficiente y desigual según cada Comunidad Autónoma. El resultado de este primer mes de implantación es dispar, porque parte de realidades muy diferentes en función de la comunidad autónoma a la que nos refiramos; pero hay cuatro percepciones que son comunes en la mayor parte de funcionarios y profesionales que conocen de primera mano esta implantación”.
Y coincide con otros de nuestros entrevistados, faltan medios informáticos, formación adecuada y más trabajo en los juzgados “porque las copias de los escritos que llegan se están imprimiendo en los juzgados”. Como dato, los juzgados, tribunales y oficinas de la administración de justicia del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia aumentaron un 30% sus pedidos de suministro de papel para el uno de enero de 2016.
Comunidad de Valencia abandona Cicerone
Otra de las Comunidades con problemas de adaptación a Lexnet es la valenciana. En la mañana de ayer mantenían una reunión de trabajo el Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá y la consejera de justicia, Gabriela Bravo. Sobre la mesa la creación de nuevas plazas judiciales en la CCAA y revisar la situación de Lexnet, ahora detenido.
Fuentes de la propia Consejería señalan a este medio que hay retrasos en los trabajos y que se ha decidido no seguir apostando por Cicerone, sistema de gestión procesal actual pero poco adaptable a los tiempos que vivimos, y ver si se puede enganchar la CCAA a otro sistema que ya esté funcionando como es el caso de Minerva, sistema del Ministerio de Justicia que ya está en pruebas su versión 3.0 en Extremadura.
Valencia espera poder presentar escritos a través de Lexnet a primeros de julio, y presumiblemente tener ya el expediente digital electrónico para finales de este año. La idea es abandonar Cicerone que genera muchos gastos y no es rentable porque según dichas fuentes siempre estará por detrás de la propia innovación en Justicia y buscar un sistema de gestión procesal que ya funcione.
Desde esta CCAA se mantiene el convencimiento de buscar la integración de los sistemas y evitar en lo posible la situación actual: muchas CCAA tienen su sistema de gestión procesal, casi siempre sin interoperabilidad con el resto.
La idea, y ese es el objetivo de Lexnet y su expediente digital electrónico, es que exista un único sistema de gestión procesal en todo el territorio nacional. De momento en Valencia se mantiene el papel como método tradicional de presentación de escritos, fruto del acuerdo que ya comentamos en otra crónica de septiembre del año pasado en el que todos los operadores jurídicos advertían la imposibilidad de emplear Lexnet como se debiera.
Desde la propia Consejería de Justicia se observa que el futuro es utilizar la tecnología pues agilizaría mucho más los procesos y la presentación de escritos, pero se es consciente que es necesario definir el modelo de gestión procesal, de cara a no seguir invirtiendo millones de euros sin esa idea concreta. Las mismas fuentes apuestan por un modelo de gestión compartido que facilite las interconexiones que, en definitiva, es lo que se busca con esta apuesta tecnológica.
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