Carlos López Izquierdo

San Sebastián, 5 nov (EFE).- "Mañana voy a jugar al golf con tu cabeza". Amenazas reales, como ésta, se han vuelto un problema importante en los despachos de algunos abogados de oficio de nuestro país que piden soluciones ante el aumento de las coacciones y, en menor grado, agresiones que reciben por parte de algunos clientes.

"Estamos hablando de que podrían ser cientos de casos cada año en toda España, porque sólo en Madrid pueden llegar a producirse unos cincuenta y hay que tener en cuenta que en la capital trabaja un tercio de los abogados de toda España". "Las amenazas están al orden del día".

Quien así se expresa es Luis Álvarez Collado, tesorero de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, Altodo, con cerca de 3.000 afiliados y simpatizantes en toda España, que insiste en dejar claro que habla como representante de sus compañeros en el ejercicio de la justicia gratuita porque, según aclara, en sus 41 años de trabajo aún no conoce ningún caso de agresión de clientes particulares a sus propios abogados.

LA PANDEMIA HIZO PATENTE EL PROBLEMA

La existencia de este problema que se arrastraba de forma oculta desde hace años se hizo patente a raíz de la pandemia cuando, durante las largas horas de confinamiento, los chats profesionales comenzaron a hervir con casos de todo tipo.

"Empezaron a aparecer comentarios de compañeros a los que los clientes les habían amenazado, golpeado e incluso les exigían unas responsabilidades absurdas por no ganar sus procedimientos, con amenazas de todo tipo", recuerda Álvarez Collado, cuya asociación decidió que a partir de entonces iba a defender "a todos estos abogados que estaban siendo amenazados" y de los cuales aún no existen estadísticas oficiales.

"No sólo se trata de amenazas físicas, sino también psíquicas. Y del trato vejatorio que te dan. Son gente que tienen derecho a la justicia gratuita pero abusan de ella y la toman con el abogado porque muchas veces piensan que tienen la verdad absoluta y no se dan cuenta de que la Justicia es independiente y que decide en base a las pruebas que hay. Es un problema muy grave", resume Álvarez Collado en declaraciones a EFE.

"NO SE LO TOMAN MUY EN SERIO"

"De todas formas -se lamenta-, se trata de un tema que los propios tribunales no se toman muy en serio. De hecho hasta hace poco había casos denunciados que se archivaban o se sobreseían porque muchas veces se trata de la palabra del abogado contra la del cliente y es muy difícil aportar pruebas".

Precisamente, el mes pasado en el País Vasco, un juzgado de instrucción sobreseyó el caso de un letrado al que su cliente había propinado un puñetazo en la cara en medio de una calle de San Sebastián.

La magistrada argumentó que el informe sanitario no reflejaba que el letrado hubiera sufrido "lesiones" y lo archivó, en un auto al que ha tenido acceso EFE, a pesar de existir un atestado de la Policía Municipal y el testimonio de un testigo presencial de los hechos.

Ante esta nueva realidad, los colegios han empezado a tomar medidas para proteger a sus letrados. "En ocasiones son algunos diputados del propio Colegio quienes asumen los casos y lo defienden", desvela Álvarez Collado, aunque en algunos lugares como Madrid existen departamentos específicos para la Defensa del Abogado que se ocupan de ellos.

"CASOS EXCEPCIONALES"

Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía España no ha constatado un incremento significativo de las amenazas y agresiones a los letrados, de las que no hay estadísticas, y habla de casos "excepcionales" respecto a los que, por otra parte, "no existen datos contrastados", según revela Antonio Morán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de este organismo que representa a los colegios de abogados.

Morán indica que para disponer de datos "concretos" los afectados deberían comunicar los casos a sus respectivos colegios y éstos al Consejo que, en ausencia de estas estadísticas, los considera "realmente excepcionales".

No niega, no obstante, que en ocasiones se produzcan "supuestos de extralimitación de algún ciudadano, agresiones y amenazas" a los abogados, si bien se muestra partidario de que en estas situaciones los afectados acudan a los colegios para recibir su "amparo", presentar la correspondiente denuncia y que los órganos judiciales "impongan la sanción que con el Código Penal proceda".

EL MODELO DE LOS SANITARIOS Y PROFESORES

Asociaciones como Altodo consideran por el contrario que es necesario adoptar más medidas contra este fenómeno, y por ello ha propuesto ya a varios grupos políticos que los letrados tengan la consideración de "agentes de la autoridad" cuando actúen en el turno de oficio.

"Este punto requeriría una reforma legal similar a la que se produjo en los casos de los sanitarios, los médicos y los profesores" agredidos por sus pacientes y alumnos, señala Álvarez Collado, quien desvela que de esta manera se conseguiría "endurecer las penas" que ya no serían "tan leves" como en la actualidad para este tipo de agresores.

No obstante, el Consejo de la Abogacía discrepa de esta medida pues, en opinión de Antonio Morán, la solución no pasa por otorgar a los letrados de oficio "la consideración de autoridad pública", dado que cuando prestan este servicio no ejercen "una función pública en cuanto depositarios de intereses generales del Estado".