Madrid, 12 sep (EFE).- Las subidas salariales que el Gobierno pactó con los letrados de la administración de Justicia (LAJ) en marzo y con los jueces y fiscales en mayo, que todavía no se han hecho efectivas, "no corren ningún peligro", han asegurado este martes a EFE fuentes del Ministerio de Justicia,

"Los acuerdos se cumplen y son totalmente vinculantes (...). Somos, y la ministra (Pilar Llop) en particular, los primeros interesados en que se formalicen pero también somos conscientes de la situación política en la que estamos. Desde Justicia hemos hecho todo lo que está en nuestra mano", defienden las citadas fuentes.

E insisten en enviar un "mensaje de calma" a estos colectivos jurídicos, pues los acuerdos firmados por parte de los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023, independientemente de cuándo se tramiten.

Además, subrayan que el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo con jueces y fiscales -que amenazaron con ir a la huelga indefinida y la desconvocaron tras pactar una subida de unos 450 euros brutos al mes- se prevé para octubre, por lo que todavía se está en plazo.

No ocurre lo mismo con los letrados judiciales, cuyo aumento de entre 430 y 450 euros debería haberse materializado en el mes de julio, tal y como acordaron con el Gobierno a finales de marzo, tras más de dos meses de huelga indefinida.

Justicia responde así a la preocupación de estos tres operadores jurídicos por el cumplimiento de sus acuerdos.

Jueces y fiscales han reclamado este martes en un escrito a los ministerios firmantes que cumplan sus acuerdos. De no hacerlo, afirman, adoptarán "medidas para lograr la efectividad de lo pactado".

Por su parte, los letrados se reunirán el miércoles con representantes de Justicia para conocer el estado de la tramitación de su acuerdo retributivo.

En paralelo, los sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia recordaron la semana pasada que, aunque ahora está parado hasta la constitución del nuevo Gobierno, su conflicto por el que realizaron paros y manifestaciones entre abril y julio continúa, y también amenazaron con "dar una respuesta contundente a través de nuevas movilizaciones" si no se negocian sus reivindicaciones.