Madrid, 6 feb (EFE).- La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, se ha manifestado en contra de una eventual reforma para limitar los plazos de instrucción judicial, al considerar que esta medida "sólo conllevará mayores espacios de impunidad" en la lucha contra la corrupción o el terrorismo.

La asociación ha advertido de este extremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase que no prevé cambiar el texto de la ley de amnistía rechazado por el pleno del Congreso, pero que no descartaba la posibilidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para poner un límite a la instrucción de los jueces.

"Toda regulación que implique una mayor limitación de tales plazos solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo, entre otros muchos", indica la AF en un comunicado ante "posibles reformas del artículo 324" de la citada ley.

Así se lo ha trasladado la asociación al fiscal general, "perfecto conocedor" de esta problemática y "defensor en su momento" de la derogación de dicho precepto, en la reunión mantenida esta mañana, en la que han solicitado que "desde la Fiscalía General del Estado se impulse la derogación" de este artículo.

La asociación también ha planteado que se impulse un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regule el estatuto del fiscal general, refuerce el Consejo Fiscal y la autonomía presupuestaria, así como las fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos.

Pide modificar el "insatisfactorio modelo de productividad", agilizar las aplicaciones informáticas para la carrera, y crear un servicio de prevención de riesgos laborales propio y un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional.

Considera asimismo "defectuoso" el funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos, tanto en formación continua como inicial, y exige que la formación de los fiscales corresponda a los propios miembros de la carrera, entre otras demandas que han planteado a García Ortiz.

La asociación carga asimismo en su comunicado contra las plazas en expectativa de destino, que -dice- se consagran como habituales en las últimas promociones y pide volver a la asignación de plazas en propiedad.