• Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, busca soluciones ante la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe publicar costes orientativos.
• El decano también ha hecho referencia a la huelga de los LAJ que está acarreando costes “injustificados” a los abogados

La sentencia del Tribunal Supremo que prohibió a los Colegios de la Abogacía la publicación de baremos orientativos de los costes ha generado descontento en el oficio. Ante las dudas que está generando, Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, se ha pronunciado con una propuesta que otorgará a la Junta.

Ayer tuvo lugar en la Abogacía de Málaga una formación sobre la nueva sentencia del TS en relación con los baremos orientativos de los colegios impartida por Álvaro Perea González, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Fuenlabrada (Madrid). En la conferencia también participó el decano Salvador González quien ha informado sobre la situación en Málaga.

González anunció que mañana miércoles tendrá lugar una Junta de Gobierno sobre el tema en el que planea proponer “dejar de utilizar los criterios actuales y pasar a hacerlo conforme a los criterios generales desechando la atención a un porcentaje exacto y a números concretos” según lo exigido por el TS. La finalidad es “acomodar unos criterios que den respuesta” para poder servir a los abogados, a los letrados de la justicia y a los clientes.

A su vez, hizo referencia al caso de Barcelona donde ya se ha implantado esta medida y “la experiencia está siendo positiva, no hay grandes quejas”. Si bien, su planteamiento siempre estará enfocado en crear unos criterios “que respondan al trabajo realizado y que tengan sentido para la abogacía y para la ciudadanía”, quiso tranquilizar.

Preocupación ante la huelga

Por otro lado, el decano también hizo referencia a la huelga de los Letrados de la Justicia, que comenzó el pasado 24 de enero, con motivo de que el ponente pertenecía a este colectivo.

Ante esta quiso mostrar su “preocupación ante todo por los perjuicios que se están causando a la ciudadanía y a la abogacía”. Asimismo, señaló que, aunque era esperable que se retrasasen los juicios, los costes de traslados por falta de notificación están resultando injustificados: “Vale que se retrasen los juicios, el estar soportando estos gastos injustificados parece algo excesivo”.

“Me parece necesario que ante esta situación tanto el Ministerio como los LAJ deben de tomar conciencia de la gravedad de la situación y apuntar todos los minutos y todas las horas del día para corregir esta situación”, añadió.