El Ayuntamiento de Peligros ha encargado al despacho de abogados J&A Garrigues el estudio jurídico para recuperar la gestión del ciclo integral del agua conforme a la ley, competencia ahora delegada en el Consorcio de la Vega Sierra Elvira. Conforme al contrato firmado con el gabinete, éste informará al Ayuntamiento del régimen jurídico aplicable a la recuperación del servicio delegado en el Consorcio y prestado por la empresa mixta Aguasvira, del procedimiento a seguir y las actuaciones a realizar para la recuperación del ciclo integral del agua, y de los posibles efectos y consecuencias jurídicas de dicha recuperación.

Para que el Ayuntamiento pase a hacerse cargo de la gestión del agua, no es necesario que abandone del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, puesto que sus funciones van más allá de esta gestión. No obstante, el despacho Garrigues analizará también el procedimiento y los efectos de la separación o el abandono del Consorcio.

El pasado mes de abril, el alcalde de Peligros, Roberto García, anunció el inicio de los estudios técnicos, jurídicos y económicos para recuperar la gestión del agua, teniendo en cuenta las sentencias que han prohibido a varios municipios del área metropolitana evacuar sus aguas residuales en la Vega.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peligros considera que puede tratar las aguas residuales con la depuradora que tienen los polígonos Juncaril y Asegra. Esto, después de que la oferta de negociación del Consorcio permanezca suspendida durante más de un año.

 

“El Ayuntamiento puede hacerlo técnica y económicamente, también jurídicamente, así lo demuestra un estudio que nos ha proporcionado la propia Aguasvira. Tenemos dos opciones: o esperar a la Junta, seguir aguantando incumplimientos, o tomar la iniciativa como Ayuntamiento, y eso vamos a hacer”, comentaba en abril el alcalde de Peligros. “La propia Aguasvira dice que es posible hacerlo con la depuradora de los polígonos desde mañana mismo”, añadía, y recordaba que él mismo es el máximo responsable penalmente, y que “nuestros vecinos y nuestras vecinas están pagando un canon de depuración, mientras que no se están construyendo las depuradoras para el cinturón metropolitano”.

Las aguas residuales de 34 municipios con 60 núcleos urbanos van a parar a los cauces de los ríos, a falta de la preceptiva depuración. La Junta de Andalucía ha dispuesto 500.000 euros para iniciar las infraestructuras. Una cantidad procedente del canon que los vecinos llevan pagando desde mayo de 2011.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de condenar a España a pagar una multa de 12 millones de euros por incumplir la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas, y tendrá que abonar 11 millones más cada semestre que continúe incumpliendo la normativa.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recuerda que son los Ayuntamientos los que tienen las competencias en la depuración de aguas residuales, aunque en Andalucía, la Ley de Aguas contempla que la Junta de Andalucía ampare a los ayuntamientos, declarando las actuaciones de “interés autonómico”.