Madrid, 30 may (EFE).- Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés han comunicado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)".

García Ortiz se ha reunido esta mañana con Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, muy críticos con la norma, para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación de la amnistía, que este mismo jueves ha sido aprobada definitivamente por el Congreso.

Los fiscales le han hecho entrega de un documento de 110 páginas en el que no ven viable amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Y que también concierne a tres de los fugados que son el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.

Entre otros motivos, el documento, al que ha tenido acceso EFE, destaca que la ley "excluye expresamente las malversaciones que impliquen un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial, que identifica con ánimo de lucro".

Y, al respecto, entienden que "tales presupuestos concurren en los hechos objeto de la causa", pues "los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado en contratos públicos ilícitos para realizar las actividades que conformaban el proces en su globalidad".

En realidad, precisan, la amnistía "podría aplicarse a la malversación pasiva pero no a la que supone sustraerlos, comportándose como dueño de los mismos y comprometiendo el gasto público para aplicarlo a finalidades estrictamente personales, amén de prohibidas por el Tribunal Constitucional".

"No recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del TC y del TSJ de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos", precisan.

Asimismo, subrayan que la propia norma también "excluye de la aplicación de la ley los hechos que afecten a los intereses financieros de la UE".

Y para ello citan una directiva comunitaria de 2017 que "impide la posibilidad de amnistía los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea", entre ellos, la malversación.

Este documento "proporciona un definición de malversación a estos efectos que incluye la apropiación de los fondos públicos o el compromiso o desembolso de los mismos o su utilización de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la UE".

Para los fiscales, la malversación para "financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la UE", con el "consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión".

Como consecuencia, los fiscales no ven viable el levantamiento de las órdenes de detención contra Puigdemont, Puig y Comín porque al no estar incluida la malversación en las conductas amnistiables, "no es procedente acordar el alzamiento" de las medidas cautelares vigentes, pese a que la ley contempla que deben de ser alzadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.

La supuesta llegada de Puigdemont en próximas fechas está condicionada precisamente a que Llarena levante esa orden de detención, de la que tienen que informar estos fiscales