En el ciclo que arrancará el próximo año tras las elecciones al Parlamento Europeo, el desafío geopolítico, la transformación digital y la transición ecológica, la competitividad y el crecimiento económico, la migración y el Estado de Derecho van a ser los ejes sobre los que girará la agenda estratégica e institucional europea. Así lo ha afirmado el director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Daniel Calleja, durante la sesión de clausura de la I Cumbre de Derecho de la UE, celebrada este jueves y viernes en la Galería de Colecciones Reales por iniciativa del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Junto a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández; y la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio han abordado los desafíos y prioridades de la próxima agenda europea.
En los próximos cinco años “vamos a tener muchos asuntos en los cuales se van a plantear cuestiones importantes para el derecho de la Unión. Asuntos en el ámbito de las sanciones, en el ámbito de la energía, en el ámbito digital o en el ámbito climático, porque los ciudadanos se movilizan para defender sus derechos”, ha destacado Calleja. Un nuevo ciclo en el que el Estado de derecho va a continuar estando en el centro “porque forma parte del código genético de la UE, representa todo lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser, y la omisión continuará ejerciendo sus funciones de guardiana de los tratados”, ha subrayado Calleja.
Como novedad, el Estado de derecho va a tener mucha importancia también de cara a la futura ampliación, porque por primera vez a los países candidatos se les va a incorporar en los informes anuales que sobre esta materia realiza la Comisión. “La separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, el respeto de la dignidad, los derechos humanos van a continuar en el centro de nuestra acción”, ha concluido.
De la guerra sistémica al ‘wokismo’
Por su parte, la exministra española se ha referido a los retos que afronta la Unión Europea, que van desde la “primera guerra sistémica desde el año 1945 en territorio europeo”, hasta la “industrialización de la inmigración ilegal”, pasando por la tecnología o el desafío político, y que en última instancia terminan “en la necesidad de defender el Estado de Derecho”. Para Palacio, el objetivo de Europa ha de ser defender el Estado de derecho dentro de la Unión y proyectar esa defensa hacia el resto del mundo, en un contexto en el que el Estado de derecho pasa por un mal momento debido a una agresividad y una expansión de los autoritarismos, “con un islamismo radical que va en contra de las piedras angulares del Estado de Derecho, laico, como nosotros los entendemos, y con unos movimientos internos en nuestras sociedades con un populismo destructivo, como el wokismo o la nostalgia por tiempos pasados”.
Todos esos factores son los que, en su opinión, confluyen en la Unión Europea, “que ha de hacer la pirueta de reformarse para funcionar en un mundo completamente distinto del que la vio nacer y que, además, ha de ser consecuente con su vocación de lograr una Europa unida, libre y próspera, incorporando de una manera ordenada y razonable a los europeos que, de acuerdo con los tratados, tienen el derecho, y nosotros la responsabilidad, de incorporarse a nuestro proyecto”. Para ello, los europeos debemos “reconstruir nuestra autoconfianza, ser más realistas y menos ideológicos, y renovar nuestro compromiso con los valores”, ha aseverado.
El desafío de la competencia
Finalmente, la presidenta de la Autoridad Española de la Competencia ha realizado en su intervención un recorrido por los principales logros de la agenda de la UE, avanzando seguidamente los principales retos que se avecinan para el próximo ciclo. Entre ellos, Fernández se ha referido a las dificultades que entrañará alcanzar, “sin cerrar mercados”, la autonomía estratégica “tan demandada por la ciudadanía europea”.
Además, en referencia a la ley de mercados digitales, la presidenta de la CNMC ha destacado cómo la competencia y la regulación de mercados han contribuido a generar en Europa una economía más resiliente, habiendo afrontado numerosos retos como son los fallos de mercado que deben de solventarse con la intervención de la regulación, aunque la competencia sea siempre lo preferible.
Por otra, Fernández ha abordado la cooperación de las autoridades nacionales con las instituciones europeas, poniendo en valor el funcionamiento de la red de autoridades de competencia europea, “que es un ejemplo para muchos otros ámbitos”.
El Estado de derecho como hilo conductor
Como cierre de la Cumbre, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la diputada responsable del área Internacional, Teresa Mínguez, han realizado un balance del encuentro que ha reunido a más de un centenar de juristas internacionales para acercar el derecho comunitario a los profesionales del sector legal desde un punto de vista transversal.
En las 20 sesiones celebradas, como ha recordado el decano, se han debatido algunos de los temas que marcarán el futuro de la Unión, desde asuntos tan recientes como la regulación de la Inteligencia Artificial o el Pacto Verde Europeo hasta el impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la consolidación de los derechos de la ciudadanía europea.
Y como hilo conductor, el compromiso de todos los juristas con la defensa de los valores europeos, y en particular del Estado de derecho como piedra de toque de toda la arquitectura jurídica sobre la que se asienta el proyecto comunitario. “Si la ley es el pilar de la Unión, nosotros, los abogados, siempre deberíamos tener una voz fuerte, una voz que debe ser escuchada”, declaraba Ribón.
Hacia una nueva ley de Justicia Gratuita
Entre las numerosas sesiones celebradas en este día y medio de debates, destaca la celebrada este viernes sobre los diferentes sistemas de justicia gratuita que existen en la UE, con una especial atención al sistema español, sus problemas y necesidades de cambio. Moderada por la diputada del ICAM Lola Fernández, han intervenido el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez; el diputado del ICAM responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; el director general del CGAE, José Antonio Perales; y el miembro del Colegio de Abogados de Burdeos Antonio Garnier.
Desde el ICAB, Sánchez ha lamentado la simetría que se produce en España, con “comunidades autónomas en las que las retribuciones están mejor pagadas que en otras”, y el déficit presupuestario con el que las administraciones públicas retribuyen en todo el territorio el magnífico trabajo que realizan los profesionales del Turno. También ha reclamado un pacto por la Justicia y sobre todo una nueva ley de asistencia jurídica gratuita: “la ley del 96 es un traje que ya no cabe, es un traje que ha quedado obsoleto. Es imprescindible una nueva ley de justicia gratuita que realmente dé satisfacción a las necesidades actuales de este país”.
Desde el ICAM, Mayllo ha coincidido en la necesidad de superar la norma aprobada en 1996 con una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. “En estos 27 años que lleva la ley en vigor la sociedad ha cambiado mucho, y todo tipo de instituciones jurídicas, también”. Por ello, “se hace necesaria una nueva regulación que adopte determinadas circunstancias que ahora no están contempladas en la ley y que puede estar generando, incluso, indefensión a los ciudadanos, como puede ser la inclusión de la conciliación previa en la vida jurisdiccional social, los habeas corpus o el pago de las asistencias a personas jurídicas por designación judicial”.
Premio Internacional del ICAM 2023
La I Cumbre de Derecho de la UE para profesionales del Derecho ha concluido con la entrega del Premio Internacional del ICAM a Rosario Silva de Lapuerta “por su trayectoria en el estudio y aplicación del derecho de la UE”. Lapuerta ha sido juez del Tribunal de Justicia desde 2003 hasta 2021, los últimos tres años en calidad de vicepresidenta del TJUE
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