• Se puede estimar el impacto económico que generaron el ‘Cartel de Coches’, el ‘Cartel de la Leche’, el ‘Cartel de Camiones’ y el ‘Cartel de los Pañales’ en nuestro país en base a las sanciones económicas que les impuso la CNMC, que suman más de 3.925 millones de euros
• En el caso del ‘Cartel de Coches’, sentencias en la Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco no solo han impuesto indemnizaciones de entre el 5% y el 12,5% en la valoración de los daños e imposición de intereses, sino que los distintos Juzgados Mercantiles ya están aplicando también las costas del proceso a los demandados.

En los últimos 27 años España ha sido arrasada por la operativa de múltiples cárteles empresariales. Estos acuerdos secretos entre empresas del mismo sector no solo han ensombrecido la libre competencia y generado un gran impacto negativo en la economía nacional, sino que han perjudicado directamente el bolsillo y la calidad de vida de una gran parte de la población.

El más actual es el ‘Cartel de Coches’, que intervino entre 2006 y 2013 pactando una estrategia común para fijar el precio de venta de los automóviles. Los 25 principales fabricantes y distribuidores del sector se embolsaron 27.000 millones de euros aproximadamente a costa de más de 9 millones de personas durante los años en que actuó. La ridícula multa impuesta ascendió a un total de 117 millones de euros.

Según Gonzalo García de Diego, co-CEO de Cartel.es, “el ‘Cartel de Coches’ no fue un cartel al uso ya que, no fue un simple acuerdo entre competidores para la fijación de los precios, el reparto de territorios o clientes; sino que consistió en un intercambio de información comercial sensible sobre la estrategia de la distribución comercial, los resultados de las marcas y la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios”.

Por ello, las últimas sentencias en la Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco entre otras no solo han impuesto indemnizaciones de entre el 5% y el 12,5% en la valoración de los daños e imposición de intereses, sino que los distintos Juzgados Mercantiles ya están aplicando también las costas del proceso a los demandados.

PRECEDENTES AL ‘CARTEL DE COCHES’: ¿CUÁLES SON LOS CARTELES MÁS SONADOS EN ESPAÑA?

Lamentablemente, año tras año continuamos viendo la irresponsabilidad de las empresas implicadas y, más aún, cómo estas prácticas se extienden a otros sectores. Otros ejemplos de conspiraciones corporativas previas al ‘Cartel de Coches’ fueron:

• ‘Cartel de los Pañales’ (1996-2014): influyó en los precios de los pañales financiados por la Seguridad Social de venta en farmacias y pacientes no hospitalizados. En este caso, los principales afectados durante esos 18 años fueron las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios daban servicio a más de 2,5 millones de personas. La multa que se les impuso ascendió a 128,8 millones de euros.

• ‘Cartel de Camiones’ (1997-2011): con una sanción impuesta por la Comisión Europea de 3.600 millones de euros, este cartel infló los precios de camiones de medio y alto tonelaje, afectando la compra de más de 300.000 camiones en España durante su operativa.
• ‘Cartel de la Leche’ (2000-2013): coordinó estrategias comerciales a expensas de más de 50.000 ganaderos y estas empresas y asociaciones fueron también penalizadas por la CNMC con 80,6 millones de euros.

“Aunque es incalculable el número de personas damnificadas por los carteles empresariales en España y el sobrecoste que recaudaron, lo que está claro es que las sanciones impuestas son irrisorias y todavía hoy en día continuamos viendo el impacto que han generado en nuestra economía”, señalan desde Cartel.es. No obstante, se puede estimar el impacto económico que generaron estas empresas en nuestro país en base a las sanciones económicas impuestas, que suman más de 3.925 millones de euros.

En el caso de las reclamaciones de los afectados por el ‘Cartel de Coches’, podrán presentarse hasta abril de 2026 según el fallo del TJUE. Hasta la fecha, menos del 2% de los damnificados han iniciado los trámites. “Es imperativo que tanto consumidores como empresas reclamen. Las sanciones deben tener una condición ejemplarizante y la única forma que existe ahora mismo para ello es que los afectados reclamen el dinero que les robaron”, recalca García de Diego.