Valladolid, 9 sep (EFE).- El torneo del Toro de la Vega previsto para el próximo martes en el municipio vallisoletano de Tordesillas se regirá por las mismas normas de los años anteriores, es decir, sin muerte del animal y sin la posibilidad de que los lanceros le coloquen divisas con arpones, que era la principal novedad de la ordenanza municipal aprobada en enero.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido un auto este viernes por el que se suspende cautelarmente la orden del Gobierno autonómico que permitía aplicar la nueva normativa del torneo aprobada por el Ayuntamiento, que aún no dispone de la autorización para su celebración por parte de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid.

A raíz de un recurso del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronuncia así ante la próxima celebración de este festejo el martes, cuya celebración no cuestiona si se mantiene con las normas utilizadas desde 2016, cuando la Junta prohibió la muerte del toro en público.

En su demanda, PACMA argumenta que de mantenerse el desarrollo del torneo con estas nuevas normas "se ocasionaría un daño irreparable para la vida del animal", con una "muerte horripilante y aterradora después de los presumibles numerosos intentos de clavarle las divisas para lograr el triunfo del torneo".

Aunque en su escrito de alegaciones la propia Junta de Castilla y León niega que pueda producirse esa muerte del animal, ya que la norma establece que únicamente podrán colocarse siete divisas, el Tribunal Superior de Justicia recalca que "no cabe duda de que el ser perseguido por 50 lanceros, a pie a caballo, con lanzas de 2,80 metros de longitud, que tiene un punzón o doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 milímetros son elementos punzantes, comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte".

Por su parte, el Ayuntamiento de Tordesillas ha argumentado que el animal "no va a sufrir daño" y de que la suspensión del festejo previsto para el martes próximo puede suponer un "grave perjuicio a los vecinos".

Sobre el desarrollo previsto del torneo, el Ayuntamiento asegura que "se da un trato digno y respetuoso al toro y el torneo está exento de crueldad, ya que el alfiler que se le podría colocar al animal no excederá como máximo de 3 centímetros".

Insiste el escrito en que se trata de un "acto de inmemorial y de honda costumbre en la villa de Tordesillas" y en que su posible suspensión supondría "un grave perjuicio a los vecinos que han hecho un enorme esfuerzo por adaptar su tradición a la normativa legal actual".

La suspensión "causaría un perjuicio irreparable dada su inmediatez en apenas siete días tanto para los propios vecinos, aficionados, negocios que esperan una gran cantidad de afluencia de visitantes y al propio Ayuntamiento, el cual ha destinado una gran cantidad de recursos tanto económicos como humanos" para la organización, por lo que propone la necesidad de pedir a los recurrentes una "elevadísima" fianza.

Contra estos argumentos, el TSJCyL ha subrayado que la propia Junta ha reconocido que aún no ha concedido la autorización para la celebración del festejo, por lo que ha reseñado que el Ayuntamiento de Tordesillas "está publicitando la realización de un festejo no autorizado" y no cabría la posibilidad de imputarse a PACMA los perjuicios económicos que pudieran derivarse de su no celebración.

De hecho, recuerda que desde 2016, con la prohibición de matar al toro ya vigente, durante más de cinco años han tenido lugar las fiestas de Tordesillas, por lo que "no se ocasiona ningún perjuicio irreparable" porque se celebren como estos últimos ejercicios, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

LA FISCALÍA NO VE DELITO

La nueva normativa del torneo también había sido denunciada por el Ministerio de Derechos Sociales ante la Fiscalía, que sin embargo ha anunciado que no observa indicios de delito en su celebración.

El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha remitido este viernes al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, un oficio en el que constata esa falta de indicios "sin perjuicio" de que se analice el "concreto ajuste" a la legalidad administrativa de la orden que sentó las nuevas bases reguladoras de este torneo.

Un "ajuste y control", dice el fiscal, que, junto a la eventual adopción de medidas cautelares, correspondería en todo caso a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la Fiscalía.

En consecuencia, el fiscal archiva las diligencias preprocesales que abrió tras recibir el escrito del director general, quien, junto a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, solicitó a la Fiscalía que tomase medidas para paralizar el tradicional torneo. Vestrynge lo calificó como "un caso de gravedad extrema de maltrato animal que no se puede seguir dando y que hay que pararlo"