La Comisión Europea ha abierto recientemente un procedimiento formal, concretamente, el caso AT.40462, después de dos años de investigación, contra la multinacional Amazon al considerar que ésta “hace uso de su posición dominante en el mercado” ya que supuestamente han utilizado los datos personales de empresas que utilizan la plataforma de Amazon para vender sus productos, acción, que va contra las normas establecidas en materia de competencia por la Unión Europea.

De esta investigación, la Comisión concreta que “Amazon podía filtrar en su base de datos aquellos productos más vendidos y almacenarlos en stock” gracias a los datos que gestiona de las empresas que venden esos productos, obteniendo “información privilegiada y competitiva” que utiliza para favorecer a sus propios productos.

Recordemos, establece el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la prohibición de abuso de posición dominante, que puede calificarse como “la actuación unilateral que limita de manera indebida la competencia por una o varias empresas que poseen una posición dominante en el mercado”, que encuentra su regulación en el Reglamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.

Asimismo, ha abierto un segundo uevo expediente contra el mismo gigante americano por un posible “trato preferente” hacia sus propias ofertas minoristas y las de aquellos proveedores que hacen uso de los servicios logísticos y de reparto que ofrece la plataforma de venta al comprar un producto a través de la oferta “Buy Box”, solo disponible en servicio Prime (o de lealtad de Amazon), en que la investigación ha arrojado que más del 80% de las transacciones en Amazon se hacen a través de ella, “quizás” y según la Comisaria Vestager, presionando a los minoritas para que utilicen esos servicios.

Amazon, por su parte, y no siendo la primera vez que se enfrente a este tipo de acusaciones, ha expresado su desacuerdo con la Comisión Europea.

Ante esta situación, Amazon, se enfrente a posibles consecuencias legales derivadas de tal abuso de posición, tales como una multa que suponga el coste de hasta el 10% de las ventas anuales y una orden para cambiar su modelo comercial dentro del territorio comunitario.