El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria que permite viajar a los inmigrantes de Canarias a la Península acreditando su identidad con pasaporte o con una solicitud de asilo ha supuesto una primera brecha contra el bloqueo de inmigrantes en las islas. Y pese a las insinuaciones de que esto podría tener un “efecto llamada” los abogados de extranjería afirman que no les consta. Daniel Arencibia, uno de los letrados personados en la causa que provocó esta decisión judicial, asegura que “personalmente no he percibido un aumento de solicitudes desde el auto”.

Arencibia se muestra tajante: “Si la Constitución y los derechos fundamentales que contiene constituyen un efecto llamada, solo hay dos alternativas: cambiar la Constitución o aplicarla”.

La sentencia supone abrir la puerta para que los migrantes bloqueados en las islas puedan viajar a la península, pero para el letrado canario esto no es suficiente. “Debemos seguir el ejemplo de otros países y establecer vías legales, transparentes y predecibles para recibir a los que cumplan condiciones para aportar a nuestra economía”, asegura.

A su juicio, las restricciones de movimiento aplicadas con motivo de la pandemia “aparentan ser una instrucción política que no es compatible con la norma”. El auto asegura que la situación de los migrantes suponía una restricción del derecho fundamental a la libertad ambulatoria, también reconocida a los ciudadanos extranjeros.

Arencibia insiste en que retener a los migrantes en las islas no va a frenar las llegadas masivas a sus costas, y que lo necesario es conseguir que el continente africano “camine hacia mejores condiciones de vida, de manera que sus ciudadanos menos favorecidos perciban que tienen un futuro a largo plazo si se quedan allí”. También denuncia que “dar dinero a gobiernos pseudodemocráticos para que retengan a quienes peor lo pasan es un parche aparente, pero no sirve a medio plazo”.

De las 14.914 peticiones de asilo formalizadas en España en lo que llevamos de 2021, un 21% vienen de Venezuela, un 20% de Colombia y un 9% de Mali, país en el que desde 2012 se cruzan conflictos étnicos con ataques yihadistas. Es la primera vez en más de dos años que los latinoamericanos dejan de copar los seis primeros puestos de la lista.