Frente al desafío que una ley de amnistía supone para un Estado de derecho ya de por sí amenazado por el mal funcionamiento del sistema de Justicia, el Colegio de la Abogacía de Madrid no se quedará de brazos cruzados. Así lo ha manifestado su decano, Eugenio Ribón, que ha anunciado su intención de convocar de urgencia a la Junta de Gobierno, apenas se registre el proyecto de ley, para adoptar un posicionamiento oficial. “El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se enorgullece de su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Desde su fundación, esta institución ha sido un baluarte de la justicia, la legalidad y los derechos fundamentales, valores que sustentan los cimientos de nuestra sociedad democrática”, ha afirmado Ribón en el marco de la conferencia pronunciada anoche en el prestigioso Club Siglo XXI.
Por eso, y ante el cuestionamiento que vienen sufriendo las instituciones, el Colegio de la Abogacía de Madrid “no puede ser espectador de la realidad jurídica que vivimos; su defensa, la del imperio de la Ley, la de la separación de poderes, es también un compromiso del ICAM”.
“En este momento nos encontramos frente a un cambio de paradigma ante lo que puede ser la aprobación de una ley de amnistía. El Colegio, desee una posición de absoluta neutralidad política, manteniéndose equidistante a todo tipo de ideologías y tendencias, pero con el compromiso firme en el Estado de Derecho, aborda también una cuestión extraordinariamente delicada”, ha precisado Ribón.
Así, a la espera de conocer el texto definitivo para adoptar una posición oficial, el decano madrileño ha compartido algunas de las principales pegas que presentaría esa norma a juicio de los juristas que han abordado para el ICAM esta cuestión, para quienes una eventual ley de amnistía “no tendría encaje constitucional, supondría un cambio de paradigma y transmitiría una sensación de impunidad”. La postura mayoritaria, compartida por abogados, académicos y magistrados, trasladada por el Decano del ICAM, es que no hay previsión constitucional de esta modalidad de prerrogativa de gracia y que no existen inconstitucionalidades pequeñas: “el mundo del derecho en sus formas a guardar se le sustancia cuando se fuerza el espíritu o la letra de la Constitución”.
En este marco, Ribón ha urgido a recuperar los equilibrios de poderes, algo esencial en el Estado social y democrático de Derecho. “La sociedad civil y la abogacía tienen un poder transformador. Aprovechemos ese poder para construir un futuro mejor, donde el Estado de Derecho y la seguridad jurídica sean inquebrantables”, además de llamar la atención sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la defensa del Estado de Derecho.
Asimismo, se ha referido al papel de los Colegios de la Abogacía, que “representan una voz unificada en la promoción de reformas legales progresistas, la lucha contra cualquier amenaza a la independencia judicial y la defensa de un sistema legal justo y equitativo".
Situación de la Justicia
Más allá de las consecuencias jurídicas de la ley de amnistía, el decano ha dedicado buena parte de su intervención a detallar otra de las grandes amenazas que acechan al Estado de derecho, la grave situación que atraviesa uno de los tres pilares que lo sustentan: la Justicia.
“Urge modernizar la Justicia, pero con pleno respeto a las garantías procesales. El ciudadano demanda respuestas y el mayor grado posible de seguridad jurídica, y estas deben ofrecerse mediante un sistema ágil pero contrapesado y garante de la igualdad de armas. Los instrumentos digitales mal utilizados pueden laminar los derechos al secreto de las comunicaciones y al de la intimidad, por poner dos ejemplos graves. En la investigación administrativa y penal, no todo vale”, ha expresado Ribón.
En cuanto a la seguridad jurídica, considera “absolutamente necesario que no se legisle precipitadamente, a golpe de interés mediático, y que no se abuse del Real Decreto-Ley”, tal y como ha sucedido en la última legislatura. “El Gobierno-legislador no puede convertirse en una suerte de vía rápida para sortear el cauce legislativo ordinario. Esto es una disfunción y una perversión del sistema”, ha advertido.
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