Madrid, 27 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha enviado a juicio a los seis policías que entraron a la fuerza en un piso de la calle Lagasca de Madrid en marzo del 2021, cuando había restricciones por la pandemia, en contra de la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sección 16 de la audiencia madrileña acuerda que se señale fecha para la celebración del juicio y la formación del tribunal con jurado.

La Fiscalía de Madrid imputa un delito de allanamiento de morada a los seis policías que entraron, tirando la puerta con un ariete, a un piso de Madrid en el que se celebraba una fiesta en plena pandemia, aunque les exime de responsabilidad penal alguna.

Considera la Fiscalía que la actuación del jefe de la intervención policial fue imprudente pero, como el Código Penal no recoge "expresamente" la modalidad "imprudente" del delito de allanamiento de morada, defiende que se le exima de responsabilidad.

Respecto a los otros cinco agentes indica que cometieron el delito de allanamiento pero concurre la circunstancia eximente completa de obrar en cumplimiento de un deber.

Se trata del caso de la "patata en la puerta" más conocido, ya que las personas que estaban el piso grabaron la intervención policial, y tuvo lugar el 21 de marzo de 2021 en un piso de la calle Lagasca de Madrid, donde había una fiesta con varias personas, algo prohibido en ese momento de la pandemia.

La Abogacía del Estado solicita la absolución los cuatro agentes que representa al considerar que no incurrieron en ningún delito, pero en el caso de que el tribunal considerase que sí, pide que se les aplique la eximente completa de cumplimiento de deber, como aboga la Fiscalía.

Se trata de la misma postura defendida por el subinspector a cargo de dicho operativo y otro de los agentes que participaron, defendidos por letrados particulares.

Por su parte, el inquilino del piso, representado por el abogado Juan Gonzalo Ospina solicita para ellos una condena de cuatro años de prisión por un delito de allanamiento de morada y otro de daños y, además, pide casi 7.000 euros por los daños ocasionados en la vivienda así como los daños morales que le causó la actuación.