El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido hoy una declaración en defensa de la justicia gratuita, exigiendo una actualización urgente de los baremos, tras conocer el informe de la Comisión Europea que revela que España es el tercer país que peor paga a los abogados de oficio.
El informe “Cuadro de indicadores de Justicia 2024” coloca a España como el tercer país con la indemnización más baja para los abogados de oficio en casos penales, tan solo por detrás de Chipre y Lituania. Además, esta misma semana, el Comisario europeo de Comercio Interior, Thierry Breton, en respuesta parlamentaria a ERC- Los Verdes, señaló que hay que evitar demoras en el pago a los letrados del turno.
Por ello, el pleno del Consejo, reunido de manera extraordinaria y con carácter de urgencia, ha señalado que es “absolutamente urgente e inaplazable” actualizar los baremos, incluir actuaciones que actualmente no están remuneradas y poner fin a los “insostenibles” retrasos en los pagos.
“Nuevamente instamos a las Administraciones a atender estas demandas, que son de elemental justicia, con la inmediatez que la situación requiere”, reclama la Declaración del Consejo.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE NUESTRA JUSTICIA GRATUITA
La reciente publicación del informe de la Comisión Europea conocido como “Cuadro de indicadores de Justicia” para 2024, coloca a España como el tercer país con la indemnización más baja para los abogados de oficio en casos penales, tan solo por detrás de Chipre y Lituania.
Por otro lado, el Comisario europeo de Comercio Interior, Thierry Breton , en nombre de la Comisión Europea, ha ofrecido esta misma semana más elementos a este debate en relación, no sólo con las cuantías de las indemnizaciones, sino también por los retrasos en el pago de las mismas. En una reciente respuesta a la pregunta parlamentaria del eurodiputado Jordi Solé (ERC-Los Verdes), el Comisario ha destacado la importancia del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la asistencia jurídica gratuita para quienes no dispongan de recursos suficientes.
Respecto a los “injustificados retrasos de casi medio año” denunciados en la pregunta, el Comisario ha indicado que, según la Directiva 2011/7/UE sobre morosidad, los Estados miembros deben pagar por los servicios contratados en un plazo de 30 días o, en circunstancias excepcionales, en un plazo de 60 días, y recuerda que esta Directiva es aplicable en todos los Estados miembros y que, por lo tanto, debe cumplirse con ella para evitar demoras en el pago a los abogados del turno de oficio.
Todos estos datos, que ha puesto de manifiesto la Unión Europea, no hacen sino corroborar la situación que el Consejo General de la Abogacía Española viene denunciando desde hace tiempo y sobre la que, pese a las declaraciones y compromisos manifestados por nuestros representantes políticos, no existen hasta la fecha soluciones efectivas.
Reiteramos, con mayor convencimiento si cabe, que es absolutamente urgente e inaplazable:
1. La actualización de los baremos del turno de oficio en el denominado territorio Ministerio de Justicia y en el resto de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
2. Es imprescindible una modificación que incluya intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas, y que se establezcan fórmulas que permitan una actualización anual de los baremos que no dependan de la voluntad política.
3. Igualmente, deben buscarse soluciones a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones, retrasos que son insostenibles para los profesionales de la abogacía y para sus Colegios profesionales, en un contexto en el que el propio informe de la Comisión Europea señala a ambas partes como titulares de una función fundamental a la hora de garantizar la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.
Nuevamente instamos a las Administraciones a atender estas demandas, que son de elemental justicia, con la inmediatez que la situación requiere.
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