La Abogacía Española ha pedido una tipificación de la violencia económica contra los menores que permita su erradicación. Considera que no basta con que se la considere como un delito de coacciones, sino que su complejidad exige una tipificación específica.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia, que se han celebrado ayer y hoy en Cádiz, bajo el lema “Protegiendo infancia, defendiendo derechos”.
“El problema de la violencia vicaria debe abordarse desde la prevención y evitar que los casos se conozcan cuando es demasiado tarde. Hemos de ser conscientes del amplio espectro que abarca la violencia contra los menores. Merecen atención los delitos de odio y el acoso escolar. Los medios de comunicación tienen que asumir el compromiso del tratamiento adecuado de las noticias que afectan a los menores”, han dicho las conclusiones.
También se ha recomendado que la separación del niño de su familia y su traslado a un centro de menores sea considerado como el último recurso en la protección infantil, y nunca la primera opción. “El sistema es prepotente cuando una administración trabaja sin que un juez de garantías intervenga”.
Además se señaló que es necesaria una revisión procesal de la declaración de desamparo. Las resoluciones de la administración no están garantizando en este momento la igualdad de partes. El procedimiento debe ser más ágil, con la adopción de las medidas cautelares oportunas mientras se sustancia el proceso principal. Se propone la sustanciación del procedimiento a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y que se asuma la competencia por los Juzgados de Primera Instancia, no necesariamente Juzgados de Familia”.
El documento final reivindica que es importante hacer accesible la justicia a los menores discapacitados, doblemente vulnerables, no solo eliminando las barreras físicas sino también usando un lenguaje comprensible, garantizando que los niños y adolescentes comprenden lo que sucede.
Se solicitó fomentar la figura del facilitador familiar en los procesos que afectan a los menores con discapacidad, que complementa la figura del facilitador procesal.
Se pidió que los centros de reforma de menores sean gestionados por la Administración, garantizando un adecuado acompañamiento jurídico. Para ello, es fundamental crear un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico en estos centros, que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita.
El objetivo de las Jornadas es contribuir en la elaboración de los contenidos que formarán parte del próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez que está previsto para el año próximo en España.
Estas conclusiones fueron leídas el presidente de la Subcomisión de Menores de la Abogacía, José Carlos Arias; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía y decano de Jerez, Federico Fernández; el decano de Cádiz y anfitrión de las jornadas, José Adolfo Baturone y María Pastor, vicesecretaria general de la Abogacía Española.
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