La abogada Paloma Cascales, miembro de la Subcomisión de violencia de género del CGAE, participó el pasado viernes en el XVIII curso de especializacion jurídica contra la violencia de genero organizado por el M. I Colegio de Abogados de Pamplona.

Su ponencia,  Violencia de género y mujeres con discapacidad, se centró en las especiales necesidades, durante su participación en  procedimientos judiciales,  de las personas con discapacidad intelectual, un colectivo especialmente afectado por la violencia de género.
 

¿Hay conocimiento de a qué porcentaje de mujeres con discapacidad afecta la violencia de género? ¿Es una situación que se da con frecuencia?

Es importante exponer la ausencia de cifras que hay respecto a este tema. Hay un desconocimiento total y absoluto de la discapacidad en general, y en especial de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad.

Un estudio del Parlamento Europeo apunta a que casi el 80% de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia o agresión, y sobre todo violencia sexual en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual. 

La macroencuesta de 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género destapó que las mujeres con discapacidad sufrían un 15% más de violencia que el resto de las mujeres. En el caso de la discapacidad intelectual se duplican e incluso se cuadriplican las cifras. 

¿Qué consejos puede ofrecer, desde su experiencia, a los profesionales de la abogacía que atiendan a una mujer con discapacidad intelectual?

Las mujeres con discapacidad intelectual necesitan tener un entorno muy seguro, que se les formulen preguntas muy cortas, que se les hable despacio, sentirse bien durante todo el proceso. Y también es importante ver de qué tipo de discapacidad se trata. Yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que tiene fobia a los hombres, por una serie de experiencias previas.  Y esto hace que, muy a menudo se sientan más cómodas con mujeres que con hombres, aunque no siempre va a ser evitable; y también a veces pude ser un compañero el que las asista. Hay que analizar la situación de cada una. 

No hay que tratarlas como si fueran niñas, porque son mujeres. Y tampoco hay que minimizar lo que les pasa. Los obstáculos con los que se encuentran son muchos. No tienen apoyo social, porque hay un desconocimiento absoluto en la sociedad de lo que implica la discapacidad. Es relativamente fácil encontrar un intérprete de signos para una persona sordomuda, pero es muy difícil encontrar un profesional que pueda asistir a una mujer con discapacidad intelectual. Las casas de acogida no están adaptadas a sus necesidades. Y el proceso judicial tampoco.

¿Se están dando pasos en este sentido en España? ¿Qué sería lo más urgente en estos momentos?

Naciones Unidas le ha dado ya un aviso a España por la falta de datos estadísticos, porque si el problema no se ve es como si no existiera. El CERMI también está solicitando que las estadísticas sean más completas para que se pueda hacer visible esta situación. Recabar datos adecuados tal vez sea lo más urgente, ponerle cifras. 

Además, hay otro problema. Las mujeres con discapacidad intelectual apenas reciben educación sexual, por lo tanto, muchas veces no son capaces de entender que son objeto de una agresión o de un abuso sexual. Eso es urgente. La educación es clave.

Y la formación de los abogados también es escasa. Creo que el MICAP es uno de los primeros colegios de abogados que ha querido que se hable de mujer y discapacidad en el ámbito profesional y eso también es un paso importante. Y en la formación de jueces, fiscales, etc. 

Por ejemplo, me ha tocado llevar un procedimiento muy duro en el que la persona acusada quedó absuelta por la falta de formación del juez. Un caso flagrante en el que la mujer tenía una discapacidad intelectual importante, un coeficiente intelectual muy bajo y no era capaz de expresarse. Las preguntas que habitualmente se hacen en un procedimiento judicial no eran apropiadas para ella, que se mostraba incapaz de relatar lo que había sucedido…  Ella hubiera necesitado preguntas concretas que pudiera responder con un sí o un no, pero el propio procedimiento te impide hacer este tipo de preguntas. 

¿Cree que habría que adaptar el procedimiento judicial cuando estén implicadas personas con discapacidad intelectual?

Con el nuevo Estatuto de la Víctima parece que, como personas con especial vulnerabilidad, podrían tener una prueba preconstituida, pero sigue siendo lo mismo. Si no sabemos cómo preguntarles, es imposible.