Madrid, 3 mar (EFE).- El Ministerio de Justicia ha impulsado un proyecto de real decreto, ahora en fase de información pública, para que los abogados y procuradores del turno de oficio que tengan antecedentes por violencia machista no puedan asistir a las víctimas del maltrato.

Precisamente, este jueves ha comenzado esa fase de audiencia pública de una proyecto que modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en relación a las víctimas de violencia de género y otras víctimas vulnerables.

Con él, según recuerda en un comunicado el departamento de Pilar Llop, se pretende "fortalecer el derecho de defensa y representación procesal de estas víctimas beneficiarias de justicia gratuita".

Además, se da cumplimiento a la recomendación que el Defensor del Pueblo hizo al Ministerio de Justicia para que se garantice y regule que, en la asistencia a las víctimas de violencia de género por parte de los letrados de los turnos de oficio especializados en esta área, no puedan participar profesionales que hayan sido condenados por maltrato.

De este modo, se introduce un nuevo artículo en el citado Reglamento para regular los requisitos específicos que los profesionales, tanto de la abogacía como de la procura, inscritos en el turno de oficio especializado en violencia de género deberán cumplir para garantizar una relación de respeto y recíproca confianza entre el profesional y la persona beneficiaria de justicia gratuita.

Así, no podrán prestar dicho servicio los profesionales que cuenten con antecedentes penales por hechos de naturaleza similar a los de las víctimas defendidas o representadas.

Esta exigencia se extiende, además de a las víctimas de violencia de género, a la defensa y representación de víctimas de otros delitos, como son el terrorismo y la trata de seres humanos, así como a las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de protección especial.

Según Justicia, con este proyecto normativo el Ministerio "reafirma su compromiso con las víctimas del delito en su proceso de recuperación, especialmente con las de violencia de género y otras víctimas vulnerables".

"Asimismo, la garantía de un adecuado derecho de defensa y representación redundará en una mejor atención y protección de las víctimas durante el proceso, reduciendo la victimización secundaria", resalta.

También pretende el Ministerio concienciar a los profesionales de la abogacía y la procura de "la importancia de la actuación profesional con perspectiva de género e infancia para, en última instancia, reforzar la confianza de la ciudadanía en el servicio público de justicia gratuita".