• La reforma de la directiva de viajes combinados que prepara la Unión Europea está cada vez más cerca, pero su falta de claridad genera escepticismo en el sector. Los empresarios creen que los viajes se pueden llegar a encarecer.
• “Las reformas son bienvenidas si equilibran los derechos de los consumidores y las necesidades de las empresas, pero además de no solucionar los problemas actuales, en mucho de los casos se va a empeorar la situación”, advierte Rocío Arce, abogada de Círculo Legal.

 En los ocho primeros meses de 2024, unos 64,3 millones de turistas han visitado España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A todos ellos, junto a los viajeros españoles, les va a afectar la modificación de la directiva 2015/2302 de viajes combinados que prepara la Unión Europea y que se ve con escepticismo desde el sector.
 
“Las reformas son bienvenidas si equilibran los derechos de los consumidores y las necesidades de las empresas, pero además de no solucionar los problemas actuales, en mucho de los casos se va a empeorar la situación”, advierte Rocío Arce, abogada de Círculo Legal, quien asegura que se perjudicará al negocio del turismo de una forma clara.
 
Si bien la idea es proteger a los viajeros, puede que ellos acaben pagando las consecuencias de la reforma. Uno de los puntos más controvertidos es la limitación en los anticipos de reserva, lo que los empresarios consideran una carga innecesaria. “Los viajes combinados se ven gravemente perjudicados, ya que la primera de las medidas pasa por limitar a los organizadores la cuantía posible a pedir como anticipo en las reservas a un 25%”, explica Arce. 
 
Según la abogada, no se mejoran las condiciones de contratación porque a ello, además, se le suma la propuesta de los Estados miembros de crear un fondo de protección para evitar posibles daños generados por impagos de proveedores a los organizadores en caso de cancelación. “Estos impagos podrían impedir la devolución de los depósitos a los consumidores”, señala Arce, destacando que, aunque no se ofrecen soluciones claras, sí que se imponen nuevas obligaciones que encarecen el coste de los viajes.
 
“Hace falta un marco jurídico suficiente para dar protección a los consumidores y, a la vez, dar seguridad a los operadores comerciales”, insiste la abogada, que también critica las idas y venidas de la reforma y el tiempo tardío en el que llega. De hecho, la reforma reconoce la situación de inseguridad jurídica existente en la norma actual y su falta de claridad. "Necesitamos una normativa que nos permita operar con seguridad y confianza, no nuevas incertidumbres", concluye.