Como un jarro de agua fría ha caído en la abogacía de esta Comunidad Autónoma el intento de la Junta de Andalucía a través de una orden de próxima aprobación en su Parlamento Autonómico que actualizaría a la baja los honorarios que perciben los abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, unos 9000 en total. Dicho borrador que ya circula por diferentes colegios de abogados restringiría a un 55% dichos honorarios, lo que convertiría a los abogados andaluces en los peores pagados del Turno de Oficio, respecto a sus colegas de Galicia, Cataluña y País Vasco.
En este sentido, por ejemplo, la Junta propone abonar 50 euros por un recurso de apelación contra un auto de prisión, frente a los 111 euros que abonaba desde 2012 o los 124 euros que aprobó en 2009. Por este mismo trabajo, los abogados del País Vasco perciben 191 euros (un 382% más), los de Galicia 157 euros y los de Cataluña, 142 euros. La media de lo que perciben los letrados de las tres mencionadas comunidades autónomas por este recurso es de 165 euros, mientras que la Junta de Andalucía propone 50 euros.
Situaciones similares ocurren en otros conceptos, como los procedimientos sumarios con sentencia absolutoria, los juicios rápidos con sentencia absolutoria, los juicios ordinarios civiles con sentencia absolutoria o los juicios ordinarios posteriores con condena y ejecución de condena. Además, no está prevista retribución alguna en el caso de los juicios rápidos con conformidad. Desde el Colegio de Abogados de Málaga, encabezado por su decano Francisco Javier Lara, se ha mostrado el más absoluto rechazo a esta medida presentando alegaciones correspondientes y un plan alternativo de baremos.
Empeoramiento de las condiciones de trabajo
Poco ha durado la tranquilidad en el Turno de Oficio andaluz. En un momento en el que la Junta de Andalucía había logrado ir al día, por fin, en fecha en los pagos que hace a los abogados de su comunidad por este imprescindible servicio público y cuando el TSJ de Andalucía daba la razón al Colegio de Málaga sobre una reclamación que la Agencia de la Competencia Andaluza cuestionaba en relación a la asistencia jurídica gratuita, fallo que anula la multa de 98.215 euros que se había interpuesto a la entidad colegial malagueña sino que condena en costas a la Agencia, hemos conocido la intención de la propia Consejería de Justicia e Interior de la propia Junta de aprobar una orden que reoriente los honorarios de los abogados del Turno de Oficio muy a la baja.
Ha sido el propio Colegio de Abogados de Málaga, en la persona de su decano, Francisco Javier Lara, hasta hace muy poco responsable del Turno del Oficio en el CGAE, quien acompañado por el responsable de este servicio en su colegio Guillermo Jiménez, y el resto de la Junta de Gobierno del Colegio, explicaban esta mañana las consecuencias de esta medida : que con esta nueva bajada los abogados andaluces empeorarían “aún más” sus condiciones de trabajo y pasarían a cobrar entre un 23 y un 74% menos que los de Galicia, Cataluña o País Vasco –las otras comunidades autónomas históricas– por realizar el mismo trabajo. “La propuesta de la Junta de Andalucía es irrisoria, lamentable e intolerable”, ha asegurado Lara, quien ha animado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) a sumarse a las reivindicaciones del Colegio malagueño. “No nos quedaremos con los brazos cruzados”, ha señalado.
Pese a estar en Junta de Gobierno en la tarde de ayer en Vélez-Málaga, Lara atiende a este medio informativo y comenta la sorpresa de esta desafortunada medida “El baremo de retribución que está vigente hoy día se publicó en septiembre de 2012 y ya establecía una bajada lineal del 10% respecto al anterior, de abril de 2009. Lo curioso es que hace unos meses, el pasado 29 de octubre de 2015, el Parlamento andaluz aprobó con los votos de todos los partidos políticos menos del PSOE una proposición no de ley que instaba a la Junta de Andalucía a restituir ese 10%, “A juicio de Lara sobre el citado mandato el Gobierno andaluz pretende dar la espalda con el borrador del 26 de marzo de 2016 que establece reducciones en las asignaciones de hasta un 55%. “Todavía no sabemos cuál es el propósito de la Junta con este borrador. Con la actual Directora General de Justicia, Carmen Belinchón teníamos otra percepción en cuanto a los cambios que iban a sufrir los baremos”; apunta Lara. De cara a este año el Presupuesto en Justicia Gratuita es de 38,6 millones de euros, en la línea de otros años. Aún está pendiente por saberse si el Consejero de Justicia De Llera reclamará, como ha dicho en alguna ocasión, el dinero de las tasas judiciales que le corresponde para la justicia gratuita andaluza. De momento solo hubo manifestaciones en ese sentido.
El borrador de una orden
Para el propio decano del Colegio de Málaga la preocupación está ahí “no podemos olvidar que es el borrador de una orden y si se aprueba, veremos si luego se puede modificar”, subraya. Desde su punto de vista este tipo de medidas no reconoce la importancia social del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, que cumple un papel de protección de los más desfavorecidos reconocido en la Constitución Española y se ocupa de asuntos tan delicados como la asistencia a personas con escasos recursos, violencia de género, o menores. “Es fundamental que forcemos a que existan cambios antes de que esa orden que actualiza los baremos vaya al Parlamento. Las cantidades que ahora vienen en ese borrador suponen un agravio de estos profesionales respecto a los abogados que ejercen en otras comunidades. “Dicha orden lleva una Disposición Transitoria que no es para los procedimientos nuevos sino para todos aquellos pendientes de pago. No nos pagarán conforme a la orden en vigor desde el 2012 sino sobre la que quieren aprobar ahora”, señala Javier Lara.
Desde el Colegio de Abogados de Málaga se han presentado las alegaciones pertinentes a la citada orden y una nueva propuesta de baremos más en consonancia con el trabajo que hacen los letrados de esta entidad colegial. “No descartamos nada. Esperamos que el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados sea también parte activa en esta situación para crear un frente firme contra esta orden. Tampoco descartamos una reunión con el Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera para hablar del tema y negociar este asunto de forma más coherente a lo que nos han mostrado. Estamos aquí para debatir, para negociar, pero bajo la premisa de que el Gobierno andaluz debe mostrar respeto por la labor que realizan los abogados de oficio”, apuntaba. A su juicio, ha llegado el momento que se deje de recortar en la administración de Justicia. “Es posible que tengamos que salir a la calle para defender nuestros derechos y dejar claro que no se puede mercadear con nuestro trabajo. No se puede jugar tanto con la justicia gratuita y con el trabajo de los propios abogados de oficio”, sentencia.
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