450 abogados del Turno de Oficio se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid para reclamar el pago de los servicios prestados como justicia gratuita, cuyo abono ha denegado el departamento Dolores Delgado al entender que no cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, informa Europa Press.
“Somos abogados, no somos esclavos”, han exclamado en numerosas ocasiones los letrados que se han reunido, a las 12.00 horas, para pedir la dimisión de la ministra en funciones Dolores Delgado y reivindicar la “dignidad” del Turno de Oficio.
La concentración ha sido convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), donde se ha leído un manifiesto que exige al Ministerio de Justicia y a todos los partidos políticos “la inmediata puesta en marcha de una reforma normativa que garantice el pago de los abogados designados de oficio de toda actuación”.
Según ha explicado el portavoz de Altodo, Isidro Moreno, en declaraciones a Europa Press, los servicios de justicia gratuita es una función que tienen que “realizar obligadamente porque nos los exige la ley y un juez”. Por ello, no entiende cómo el Ministerio se opone a pagar aquellas actuaciones en las que se han denegado o archivado la asistencia por Turno de Oficio, “a pesar de que el juzgado ordene que tengamos que asistir a una persona”.
“Desarrollamos una labor muy importante, sin la cual los juzgados estarían paralizados”, ha subrayado el portavoz de la asociación, que ha insistido en que tan sólo exigen que se les “retribuya” y “respete” como a cualquier persona que realiza “una función, además en este caso, una función pública”.
TOGAS Y SILBATOS
Muchos de los 200 letrados que se han congregado a las puertas del Ministerio han ido ataviados de sus togas y silbatos que han acompañado los gritos de “Ministra dimisión”, “Turno de Oficio, no más sacrificio”, “Sin nosotros no hay derechos”, “Lola, escucha, estamos en lucha”, o el conocido “Manos arriba esto es un atraco”.
“Dolores, Dolores, ven acá volando, que el Turno de Oficio se está revelando”, han cantando al ritmo de villancico, al igual que han reinventado el ‘Bella Ciao’, el popular himno de los partisanos durante la Segunda Mundial: “Esta Dolores, que no nos paga, oh bella ciao, que ella trabaje sin pagar”.
Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid que no pagaría aquellos expedientes del pasado mes de octubre que no cumpliesen los requisitos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, abrió un plazo –que concluyó el pasado 11 de diciembre– para que se remitiesen al Ministerio los certificados de todos aquellos procedimientos que fueron asistidos por abogados del Turno de Oficio.
Se trata de determinados casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del Turno de Oficio registrados en la denominada ‘zona Ministerio’, que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a la jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Ya con el plazo cerrado, el departamento que dirige Delgado anunció que en los próximos días abonará más de 4 millones de euros a los colegios que habían presentado la documentación, lo que corresponde el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente. Concretó además que el cinco por ciento restante, 228.499,11 euros, no se pagará al no corresponder a clientes con derecho reconocido a asistencia jurídica gratuita.
El Ministerio ha propuesto la creación de una mesa de trabajo bilateral para estudiar las demandas de la Abogacia, así como abordar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para este tipo de profesionales.
EL SISTEMA ESTÁ “EN PELIGRO”
Según el manifiesto, la decisión de no abonar algunos de los expedientes “empobrece aún más a los profesionales que nunca han escatimado en esfuerzos, ni siquiera en medios y fondos propios para el ejercicio de su labor, hasta el punto que hace casi imposible su subsistencia como tales profesionales”.
Asimismo, asegura el comunicado que de este modo se puede “poner en peligro el propio sistema de Justicia Gratuita”, que garantiza que “cualquier ciudadano que carezca de medios tiene derecho a un abogado y un procurados profesional”.
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