La colaboración mutua es fundamental en el funcionamiento de las instituciones. Esto, que parece obvio, es especialmente importante en las Administraciones Públicas ya que, en la medida en que hagan partícipe al ciudadano de sus decisiones, menor será su rechazo a las mismas. Por el contrario, cuanto mayor sea su distanciamiento, mayor será la conflictividad. Falta, pues, que lo privado y lo público converjan en el interés general. En el ámbito tributario, una frase ya histórica ejemplifica la ilusión de una época en la que tal convergencia era incuestionable: Hacienda somos todos. Pero, para que Hacienda seamos todos, hay que demostrarlo en nuestra praxis diaria. Y ahí está el problema, ya que para la clase dominante esto se limita a poco más que los contribuyentes paguen. La sociedad, que no rechaza los impuestos, sí rechaza las imposiciones; y las rechaza por su falta de sensibilidad social con el ciudadano. ¿Qué hacer pues? Muy sencillo. Cambiar el paradigma e incorporar como valor de lo público la participación de lo privado; la sensibilidad con quienes cumplen; la cercanía con el ciudadano. Un ejemplo nos ilustra lo que pretendemos decir.

La Resolución de la Dirección General de Tributos de 10 de febrero de 2016 interpretó que las entregas de monturas para gafas correctoras tributan por IVA al tipo del 21 %. Perfecto; no entro en la cuestión de fondo pero sí en sus consecuencias prácticas. Tal resolución supone un cambio de criterio en lo que era la práctica habitual de un sector que, en consecuencia, se ve obligado a regularizar situaciones pasadas con la repercusión económica que ello representa. Afecta, recordémoslo, a laboratorios, distribuidores y comerciantes minoristas (ópticos). Pues bien; la sensibilidad que propongo más arriba exigiría que, antes de dictar esa resolución, se estudiaran sus efectos con los afectados y se estableciera, en su caso, un plan de regularización. No se trata de no pagar, sino de hacerlo sin ocasionar tensiones económicas y con seguridad jurídica. Recordemos que no se trata de un caso de fraude ni de elusión, sino de un criterio interpretativo. Sí, ya sé. La Ley cambió en 2014 y Hacienda no tiene ninguna duda en su aplicación. Pero, ¿la tienen las empresas afectadas? Es obvio que sí ya que se trata del comportamiento de todo un sector que, sin fisuras, venía aplicando hasta entonces el tipo del 10 %. Pues bien; ¿no sería mucho más beneficioso reunirse antes con el sector afectado, valorar conjuntamente el alcance del nuevo criterio y contemplar, en su caso, un plan de regularización que no perjudique a nadie? No digo no actuar. Digo, tan solo, hacerlo de forma distinta, al menos, en aquellos casos en los que se ha actuado de buena fe, afectan a todo un sector y representan un cambio de criterio. Dialogar con quien no defrauda es un sano ejercicio de sensibilidad social cuyo retorno es evidente. No hay nada mejor que sentirse partícipe de un problema que hay que solucionar conjuntamente. Requiere, tan solo, creerse de verdad que Hacienda somos todos y que el conflicto de intereses existe tan solo para quienes no hacen nada para evitarlo.

Para más inri, ha faltado tiempo para que la inspección de Hacienda iniciara ya sus actuaciones a pesar de que en el Proyecto de Ley de Presupuestos se recoge expresamente que el tipo de IVA es el 10 %. Pero aun así, el problema se soluciona mal y habrá “turbulencias”. Y las habrá, porque la Ley de Presupuestos deja sin solucionar el periodo 2015-2016 pues no establece con claridad sus efectos retroactivos o interpretativos. En definitiva, otro verdadero despropósito.

Propongo, pues, una colaboración social basada en la efectiva participación del contribuyente en lo público incorporando como valores de la Administración la cercanía y la sensibilidad para con el ciudadano; participación que requiere que lo “privado” se integre en la estructura orgánica de lo “público”. ¿O Hacienda no somos todos?