Después de la magnífica acogida que ha tenido mi anterior post sobre la paradoja del despido nulo y que agradezco enormemente, me he venido arriba y voy a meterme hoy con otra curiosidad de nuestro marco legislativo en materia laboral: En multitud de supuestos, nuestra legislación utiliza como medidor el número de trabajadores para que una empresa adquiera determinadas obligaciones: Que si hacer un Plan de Igualdad, que si tener un Servicio de Prevención Propio, que si la obligatoriedad de consentir la celebración de elecciones a representantes de los trabajadores, que si el canal de denuncias, etc….

Y no digo que las empresas no tengan que tener muy presente la Igualdad o la Prevención de Riesgos Laborales o el ejercicio de la Libertad Sindical, o lo que corresponda. Pero siempre me ha llamado la atención lo del número de trabajadores: ¿Porqué 50 y no 51 o 14 o 300?. Esta situación, por otra parte, lleva en la práctica a que los trabajadores de determinadas empresas puedan disponer de organismos, servicios, protocolos, etc… de nivel que garantizan el ejercicio de sus derechos, mientras que los que tienen la desgracia de trabajar en empresas pequeñas (casualmente, la mayor parte de las de nuestro país), devienen en realidad, trabajadores de segunda o quien sabe si de tercera o cuarta categoría. Tenemos pues, trabajadores con clase y toda una clase de trabajadores.

Se produce por vía hecho y en realidad una discriminación entre los afortunados que trabajan en grandes empresas y los pobres que trabajan en empresas pequeñas. Y resulta además que esta discriminación la produce la mismísima ley.

Si alguien tiene una explicación razonable a este curioso fenómeno, agradecería su opinión. Y recalco lo de razonable, porque lo de que las empresas grandes tienen más recursos ya me lo sé, pero sigue sin justificar esta realidad porque el trabajador no tiene la culpa de que su empresa sea de pequeña dimensión. Y ojo que ser pequeño o grande, tampoco tiene el porque estar relacionado con los beneficios de la explotación.