El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados solicitó la semana pasada a la Generalitat que las ayudas para los autónomos incluyeran no sólo a quienes cotizan en tal régimen de la Seguridad Social sino también a los autónomos que, por disposición legal, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a dicho régimen, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía Española. Desde entonces se han sucedido las comunicaciones con representantes de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y la respuesta verbal recibida ha sido clara: No se van a incluir.
A juicio del CVCA las ayudas aprobadas atentan contra el principio constitucional de igualdad, dado que no van a cargo de la Seguridad Social sino del presupuesto de la Generalitat, que se nutre con los impuestos de toda la ciudadanía y, sin embargo, sólo van destinadas a los autónomos que cotizan a la Seguridad Social, impidiendo el acceso a quienes, conforme está establecido legalmente, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a la Seguridad Social.
El presidente del Consejo, Antonio Esteban, ha manifestado que “una prueba de esa infundada discriminación es que ayuntamientos como el de Valencia sí que han incluido entre los beneficiarios de las ayudas a todos los autónomos, sin discriminar a los cotizantes en mutualidades”.
Preguntado sobre si el Consejo va a solicitar la paralización de las ayudas, Esteban ha asegurado que “se ha acordado expresamente no solicitar la suspensión para garantizar su inmediato acceso a los solicitantes sin perjuicio de que, si todo sale según lo previsto en derecho, la Conselleria tenga que compensar en el futuro a los autónomos mutualistas a los que ahora discrimina”.
El Presidente ha aprovechado para explicar varios frentes de actuación que los Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana tienen abiertos en este momento, que pasan por “garantizar la prestación de la asistencia jurídica en condiciones de salud pública adecuadas; interesar la supresión del requisito de presentación de talones del turno de oficio con el imposible sellado de un juzgado que está cerrado cuando, además, la actuación ya se acredita con los documentos que se acompañan; reivindicar y ayudar en la agilización de las actuaciones procesales tanto presenciales como telemáticas y, en definitiva, colaborar en todo lo que redunde en beneficio de la ciudadanía, la abogacía y la administración de justicia”.
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