La Coruña (España), 6 mar (EFECOM).- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el gobierno de esa región española debió poner a disposición del público interesado, y no solo de los promotores, los informes sectoriales sobre parques eólicos antes de ser aprobados.

El TSXG explicó este miércoles en un comunicado que los informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, aguas, patrimonio natural y cultural, turismo, salud, energía eléctrica y seguridad aérea.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG acordó suspender, a la espera de resolver esa cuestión prejudicial, el litigio en el que debe decidir sobre la legalidad o no de la resolución de la Xunta en la que otorgó a Eurus Desarrollos Renovables autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Raña III en el municipio gallego de Mazaricos.

El alto tribunal gallego indica en el auto del 28 de febrero de 2024 remitido al TJUE que, para tomar una decisión sobre el asunto que le plantean, "resulta relevante decidir si la normativa interna" ya esa estatal o autonómica "se ajusta" a la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de "proyectos públicos y privados sobre el medioambiente".

El TSXG espera que el alto tribunal europeo se pronuncie sobre "la necesidad de que la administración interviniente ofrezca a los interesados un trámite de audiencia después de la emisión de los informes sectoriales".

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha criticado la decisión por considerar que crea una "situación de inseguridad jurídica" en el desarrollo de sus proyectos de captación de energía en Galicia.

"Galicia vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de la judicialización masiva de proyectos" de instalación de zonas de captación de energía, señala AEE en un comunicado.