La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha participado en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrada en Luxemburgo, la última que se celebra bajo presidencia rumana. Durante la sesión se ha aprobado la apertura de negociaciones con Estados Unidos, sede de los mayores proveedores de servicios de internet, para alcanzar un acuerdo con este país en materia de acceso transfronterizo a la prueba electrónica penal. La ministra Delgado ha calificado este acuerdo de “prioritario”.
Estados Unidos es el principal receptor de solicitudes de asistencia judicial para el acceso transfronterizo a las e-evidence. El marco legal utilizado hasta ahora es el marco general de asistencia judicial penal pero la lentitud de este mecanismo ha motivado que se haya recurrido a la colaboración voluntaria de los proveedores norteamericanos, como vía alternativa a la cooperación judicial. En caso de aprobarse, el acuerdo permitirá a las autoridades judiciales europeas dirigirse directamente a las empresas norteamericanas, con las debidas garantías.
En relación a esta misma materia, el Consejo ha autorizado hoy la participación en las negociaciones del segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, en el ámbito del Consejo de Europa. Será un tratado multilateral que reunirá a Estados con ordenamientos jurídicos muy distintos de los propios de los países miembros de la UE y tiene por objeto diseñar mecanismos de asistencia mutua más efectivos, en particular, mediante la cooperación directa con los proveedores de internet radicados en otras jurisdicciones.
En la reunión del JAI se ha abordado además el debate relativo a la retención de datos de tráfico y localización de comunicaciones como medio de lucha contra la delincuencia grave, que se ha materializado en un documento de conclusiones aprobado hoy por el JAI. España considera que es un elemento clave para la prevención y enjuiciamiento de los delitos que requiere el establecimiento de las oportunas salvaguardas para el acceso a los datos retenidos de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia nacional y europea.
Además, se ha debatido acerca del futuro del derecho penal sustantivo de la Unión Europea, siendo esta un área esencial para el desarrollo de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. En este ámbito, se han producido en los últimos tiempos importantes avances que ahora hay que consolidar centrándose en la adecuada implementación de los instrumentos ya existentes.
La formación judicial, vinculada al fomento de la confianza mutua entre los Estados Miembros de la UE, ha estado también sobre la mesa del Consejo. La ministra ha señalado que reforzar la formación práctica de los profesionales de la Justicia en la legislación y jurisprudencia europeas debe ser una prioridad en la Agenda de Justicia de la UE para 2020, ya que la formación resulta crucial para la mejora de la confianza mutua, que constituye la base del reconocimiento judicial mutuo en materia penal.
En la reunión se ha informado asimismo del avance de los trabajos para el establecimiento de la Fiscalía Europea que arrancará a finales de 2020. Actualmente está en marcha el proceso de selección de los fiscales europeos correspondientes a cada Estado Miembro a partir de las ternas remitidas por cada una de las delegaciones.
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