España, que es miembro no permanente en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 y que lo preside durante este mes de diciembre, ha impulsado esta Resolución con el objetivo de afianzar la cooperación jurídica, policial y judicial internacional como una herramienta eficaz de la que se dota la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza terrorista y la delincuencia organizada trasnacional. La resolución ha contado con el copatrocinio de 51 miembros de la ONU.
La coincidencia de la adopción de esta Resolución con los cuatro atentados terroristas de las últimas 48 horas (El Cairo, Estambul, Mogadiscio y Aden), demuestra la absoluta necesidad de que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada para derrotar a esta forma de criminalidad y se dote de los instrumentos jurídicos necesarios para hacerlo.
Catalá ha destacado la experiencia española en materia de terrorismo como "prueba fehaciente de que con medidas basadas en el respeto al Estado de Derecho y el imperio de la ley, una sociedad unida puede hacer frente al terrorismo y derrotarlo como ha hecho España".
En su intervención, el ministro de Justicia ha indicado que, frente a la impunidad de los terroristas y la globalización de esta lacra criminal, esta Resolución "reclama el uso de los instrumentos de cooperación jurídica internacional y de extradición de que dispone la comunidad internacional, tanto los de carácter bilateral como multilateral, para su aplicación a la delincuencia organizada trasnacional y a los delitos terroristas". Se trata, en suma, de adoptar respuestas que superen las fronteras nacionales para adoptar una estrategia global de Justicia que evite la creación de zonas de impunidad.
En este sentido, Catalá ha instado a todos los Estados miembros a designar autoridades centrales para la tramitación de solicitudes de cooperación, lo que crearía una red de puntos de contacto con recursos, formación y autoridad para actuar en delitos de terrorismo. La Resolución 2322 propone la creación de un sistema de transmisión electrónica de estas solicitudes de cooperación que aporte más rapidez y eficacia a los procedimientos, sin perjuicio de su ulterior tramitación por las vías tradicionales.
Asimismo, frente a los delitos de reclutamiento, organización y preparación de atentados que los grupos terroristas realizan a través de la red, este texto propone establecer marcos jurídicos para erradicar estos abusos y avanzar en la armonización de las normas sobre el uso de las pruebas electrónicas de manera que las que se obtengan en las investigaciones realizadas en un Estado sean aceptables para otro que inicia los procedimientos de cooperación judicial o de extradición. Estas soluciones han de hacerse con la plena reafirmación del Estado de Derecho y el respeto íntegro de los derechos civiles, ha explicado el ministro, en particular de las libertades de expresión y de opinión, así como de las iniciativas de la sociedad civil.
Cooperación policial efectiva
El titular de Justicia ha subrayado que el contenido de esta Resolución también apela a consolidar y reforzar la cooperación policial efectiva a través de herramientas como la red I-24/7 de Interpol para comunicaciones seguras entre policías. La necesidad de reforzar su capacidad para participar en esa red y asegurar que sus centros de respuesta cuentan con formación especializada para la lucha contra el terrorismo son dos medidas también destacadas por el ministro.
Por último, Catalá ha destacado que la Resolución 2322 contiene un párrafo dedicado a las víctimas del terrorismo en el que se solicita de los Estados un incremento de los esfuerzos para asegurar que las víctimas y sus familias reciban una asistencia adecuada a las necesidades derivadas del atentado. "El acto de Justicia que es velar por la memoria de las víctimas del terrorismo y garantizarles el apoyo que merecen, proporciona una referencia moral al texto que hoy hemos adoptado", ha concluido el ministro.
En este viaje de trabajo a Nueva York, Rafael Catalá ha asistido previamente al acto de jura de Antonio Guterres como próximo secretario general de Naciones Unidas en sustitución de Ban Ki-moon, que dejará el cargo el próximo 1 de enero.
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