Madrid, 14 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha impuesto más de 400 millones de euros de fianza para cinco presuntos integrantes de una organización que podría haber conseguido 25 millones con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, mediante el pirateo de la señal de numerosas plataformas de pago.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha abierto juicio contra estos cinco acusados, todos ellos de origen iraní, para quienes la Fiscalía solicita penas de hasta 22 años de cárcel por delitos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad intelectual, además de otro contra el mercado y los consumidores.

Constata el juez en su auto que la "ilícita actividad" que desarrollaron reportó al menos 15 millones de euros y, como ninguna de las acusaciones ha cuantificado el importe de la responsabilidad civil, les impone como fianza la cantidad correspondiente a las multas que la Fiscalía y acusaciones particulares solicitan para ellos, más el incremento de una tercera parte.

Es decir, para el acusado Amir Zaragui, quien supuestamente estaba al frente de la red, el juez impone 93.549.333 euros de fianza, una cantidad que baja a 80.232.000 en el caso de Amir Behmadia. Para los otros tres acusados, el magistrado establece fianzas de 80 millones de euros a cada uno y advierte de que si no la han abonado en el plazo de 10 días, se procederá al embargo de sus bienes.

La Fiscalía solicita la pena más alta (22 años y medio de prisión) para Zaragui y para el resto sus peticiones van desde los 8 años y medio hasta los 16 años de cárcel.

El objeto de la red investigada era la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de los dominios rapidiptv.com, rapidiptv.net, www.iptvstack.com, el foro https://iptv.community y diversas páginas web.

Los investigadores calculan que la red llegó a tener dos millones los usuarios de los servicios ilegales y creen que existían unas mil páginas web que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas en su conjunto. Se sospecha que los acusados llegaron a mover 25,1 millones de euros mediante distintos métodos para ocultarlos.

El modus operandi consistía en captar de diversos modos la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para posteriormente ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.

La organización tenía instalados 50 servidores en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido, Rumanía, y Luxemburgo.

A través de los distintos canales de televisión IPTV que se ofrecían por medio de la lista M3U se visionaban un total de 10.072 canales de televisión.

Para el supuesto blanqueo de los beneficios, la organización contaba con un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, "exchange" de criptomonedas, la creación de empresas pantalla; y la generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial.