Barcelona, 23 oct (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido a España que le informe sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes catalanes condenados penalmente por el proceso independentista ilegal de 2017.

En concreto, pide a todas las partes que le informen sobre las "consecuencias" que ha tenido la ley para los nueve condenados en 2019 a penas de prisión por sedición, y cuatro de ellos también por malversación de fondos públicos, según un escrito adelantado por el medio español El Nacional, y al que ha tenido acceso EFE.

El Tribunal de Estrasburgo (TEDH) reclama esa información con motivo de la demanda contra el Estado español que los condenados presentaron en su momento por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos durante su procesamiento judicial.

El TEDH ha planteado esta nueva cuestión a las partes después de que el abogado de Jordi Turull, uno de los condenados por sedición y malversación, advirtiera de que el Tribunal Supremo (TS) español no le había aplicado la amnistía, por lo que continúa inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta 2030.

El Parlamento español derogó el delito de sedición del Código Penal en diciembre de 2022.

Y el TS, por su parte, ha rechazado amnistiar el delito de malversación al determinar que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal patrimonial con el proceso soberanista y que los gastos del referéndum ilegal de 'autodeterminación" del 1 de octubre de 2017 habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.

En un informe de alegaciones presentado en septiembre pasado, la Abogacía del Estado, en representación del Reino de España, informó al Tribunal de Estrasburgo de que los independentistas catalanes había sido indultados en 2021 y la ley de amnistía entró en vigor en junio de este año.

El Parlamento español aprobó en mayo pasado esta polémica ley para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de la región de Cataluña.

España ha defendió en Estrasburgo que la sentencia por el proceso independentista fue "proporcional a la gravedad del delito" y rechazó que las condenas a los líderes independentistas catalanes obedeciesen a motivaciones de "índole político".